Redacción La Nueva Mañana
De cara a la manifestación que está previsto que se realizará frente al Congreso el día que la Cámara de Diputados lleve adelante el debate por la "reforma laboral", el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un comunicado en el que "recomienda" a las trabajadoras y trabajadores de prensa tomar distancia del operativo represivo que se montará en el lugar.
Con tono amenazante e intentando desligarse de responsabilidades ulteriores, advierte el Ministerio que "ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas (sic) actuarán".
En esa línea, manifiesta el comunicado que un emplazamiento del personal de prensa "entre eventuales focos violentos y el personal de Fuerzas de Seguridad afectado al operativo" configuraría una "autopuesta en peligro" de las trabajadoras y trabajadores.
El documento fue publicado en las redes del Ministerio este martes, como corolario de una serie de notas periodísticas que ha brindado tanto su titular, Alejandra Monteoliva, como otros miembros del Gobierno, cuestionando las acciones violentas ocurridas frente al Congreso el día que se debatió el proyecto en el Senado y justificando la acción represiva que culminó con detenciones arbitrarias y "al voleo", agresiones a manifestantes y una curiosa inacción frente a un pequeño cúmulo de personas que a cortísima distancia del bloqueo de las fuerzas de seguridad y a la vista de las cámaras de televisión, preparaban y arrojaban bombas molotovs.
El comunicado del Ministerio, además, coincide con un reciente vídeo publicado por el fotorreportero Pablo Grillo, que fue herido con un proyectil de aire comprimido en la cabeza, disparado por el gendarme Héctor Jesús Guerrero, en una manifestación de jubilados que se desarrollaba el 12 marzo de 2025. Grillo aún no se ha recuperado totalmente de dicha agresión y se ha constituido como querellante en una causa judicial contra el Gobierno.
Gremios que nuclean a trabajadoras y trabajadores de prensa, organismos de Derechos Humanos y organizaciones internacionales vienen advirtiendo con preocupación sobre la manera en que las fuerzas represivas del gobierno de Javier Milei vienen focalizando su accionar sobre el sector en cada manifestación que se lleva adelante, utilizando como excusa el "protocolo antipiquete".
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