Argra y Sipreba critican al Ministerio de Seguridad: "Buscan promover la desmovilización con amenazas de represión"

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) emitieron este martes por la tarde un mensaje de repudio al comunicado que horas antes lanzó el Ministerio de Seguridad para establecer condiciones a las y los trabajadores de prensa que cubran el operativo represivo de la marcha en el Congreso contra la reforma laboral.

"Limitan el ejercicio de la libertad de expresión y buscan promover la desmovilización con amenazas de represión", denuncian las entidades, subrayando que las condiciones que pretende imponer el ministerio que conduce Alejandra Monteoliva son "incompatibles con las convenciones de derechos humanos".

En rigor, desde el Gobierno pretenden que los móviles de prensa estacionen en zonas definidas previamente y que las y los trabajadores eviten posicionarse entre quienes se manifiestan y las fuerzas de seguridad, bajo amenaza de que ubicarse allí implica una “autopuesta en peligro”. 
 
"De esta manera, el gobierno traslada responsabilidades y obligaciones de protección de la protesta y, en particular, de la función de los trabajadores de prensa en su registro y cobertura que son del Estado", alude el comunicado de Argra y Sipreba; y sentencia que se trata de "la misma estrategia" que utilizó la ex ministra Patricia Bullrich, "buscando responsabilizar a Pablo Grillo luego de que el impacto de un gas lacrimógeno, lanzado de forma prohibida por un gendarme, lo dejara con heridas gravísimas".

Respecto a este caso testigo de la manera en que vienen operando las fuerzas federales contra los medios de comunicación y las y los trabajadores de prensa en las manifestaciones, subraya el comunicado que en dos ocasiones la Justicia determinó que el responsable individual de la agresión contra Pablo Grillo es el gendarme Héctor Guerrero.

"Este tipo de medidas siguen poniendo límites a la libertad de prensa y de expresión, y al derecho a informar. Buscan silenciarnos. Que dejemos de registrar los operativos represivos, la aplicación de un protocolo que, ya lo dijo el poder judicial, es nulo. Pero no nos van a amedrentar, seguiremos en la calle garantizando a la sociedad su derecho a ser informada y el nuestro, a trabajar, a informar y a manifestarnos", cierra el documento.

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