Redacción La Nueva Mañana
Este martes, el Gobierno solicitó retirar del temario del Congreso la reforma de la Ley Penal Juvenil , debido a que no contempla la edad que se había consensuado con los partidos aliados. La norma será modificada y enviada a comisiones.
A un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el oficialismo decidió no avanzar con la iniciativa, que recibió críticas de distintos sectores, entre ellos la Iglesia católica.
Unas de las razones centrales fue que el oficialismo proponía llevar la edad punible desde los 16 a los 13 años, reducción que no contaba con el apoyo de la oposición. Las bancadas del PRO y la UCR advirtieron que en el texto del año pasado había quedado asentado que la edad de imputabilidad llegaría hasta los 14.
Fuentes legislativas confirmaron que la Libertad Avanza (LLA) volverá a trabajar sobre el dictamen de mayoría conseguido en 2025.
Con una agenda apretada para las sesiones extraordinarias, el oficialismo pretende volver a la edad pautada y reenviar el texto, que según el plan oficial será discutido esta semana en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores (LLA), y luego en la Comisión de Justicia, en manos del correntino Lisandro Almirón (LLA).
El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.
En el texto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta. En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
Fuente: NA
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