Redacción La Nueva Mañana
A días del comienzo del debate en el Congreso por la baja de la edad de imputabilidad, la Iglesia se posicionó en contra en proyecto de Javier Milei, señalando que la iniciativa "aumenta los niveles de violencia y reincidencia, y no disminuye la inseguridad".
En un comunicado, la Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Carcelaria argumentaron que la reforma del Régimen Penal Juvenil, que busca llevar la edad punible de 16 a 14, aumenta la exclusión, vulnera derechos y contradice tratados internacionales.
En el texto, indicaron que "preocupa" que el "debate se esté dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático": "Esto impide una deliberación seria sobre los problemas estructurales que afectan a los niños y adolescentes, especialmente en los sectores más vulnerables".
En este sentido, la Iglesia cuestionó que el Gobierno y las gestiones provinciales cuenten con los recursos necesarios para implementar correctamente el Régimen. "En las condiciones actuales, ¿es razonable creer que el Estado, provincial o nacional, podrá implementar un sistema penal juvenil que brinde tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, acceso a salud, cultura, recreación, espiritualidad y abordaje integral de consumos problemáticos? ¿Estarán estos jóvenes acompañados por personal especializado, y alojados en instituciones adecuadas, que garanticen condiciones de vida dignas y posibilidades reales de reinserción? ¿Estamos preparados para ello o se debe prever un tiempo prudencial para la entrada en vigencia de cualquier ley que modifique el régimen vigente?", problematizó.
Y apuntó: "La realidad demuestra una creciente desfinanciación en materia social, cuyos efectos recaen especialmente sobre los sectores más desfavorecidos, justamente aquellos a los que se pretende ahora castigar con mayor severidad".
En este sentido, remarcó que "las condiciones materiales, institucionales y sociales para un régimen penal juvenil serio no están garantizadas".
La Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Carcelaria, reforzaron que los niños, niñas y adolescentes tienen una capacidad progresiva para ejercer derechos y asumir responsabilidades, lo cual debe ser respetado por el sistema jurídico (art. 5 y 10 de la Ley 26.061).
"El cerebro adolescente aún está en desarrollo, especialmente en áreas relacionadas con el control de impulsos, la toma de decisiones y la evaluación de riesgos", argumentaron y añadieron que "no poseen la misma capacidad que los adultos para comprender plenamente las consecuencias de sus acciones, lo que cuestiona la idoneidad de reducir la edad de imputabilidad penal".
En ese sentido, recomendaron que, cuando un menor de 16 años atraviesa situaciones de conflicto social y vulnerabilidad, el abordaje debe estar en manos de los Juzgados de Familia, y de todo el Sistema de Protección y Promoción de Derechos y no del sistema penal.
Además denunciaron que el proyecto "no garantiza un sistema de justicia penal juvenil verdaderamente especializado: habilita la aplicación de reglas del derecho penal adulto, no asegura defensa técnica especializada y permite el alojamiento en cárceles o dependencias de fuerzas de seguridad".
La Iglesia señaló que "el proyecto de ley que propone bajar la edad de punibilidad no se corresponde con un aumento de los delitos juveniles" y que la propuesta surge "del oportunismo electoral y de la manipulación del legítimo malestar social".
En el comunicado, reportó que que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es muy baja, apenas el 0,42 %. Además, la mayoría de los delitos cometidos por este grupo etario -alrededor del 80 %- son contra la propiedad, principalmente robos, mientras que los delitos graves, como los homicidios, resultan excepcionales.
"Sin embargo, los verdaderos peligros que asedian nuestros barrios como el narcotráfico, el tráfico de armas, la pobreza estructural y la falta de alimentación, vivienda y trabajo digno, continúan actuando con altos niveles de impunidad. El crimen organizado del narcotráfico, que atraviesa distintas instituciones y estratos de la sociedad, encuentra en los barrios populares un terreno propicio para captar a los más pequeños. Frente a esta realidad, la única respuesta verdaderamente eficaz es la creación de oportunidades reales, comunitarias y sostenidas, capaces de generar sueños, esperanza y un sentido de vida", desarrollaron.
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