Redacción La Nueva Mañana
Este lunes, en la última sesión ordinaria de este año, la Unicameral aprobó las nominaciones de los funcionarios que se desempeñarán en la recién fundada Procuración Penitenciaria. La Legislatura avaló los pliegos envíados por el gobernador Martín Llaryora y la exfiscal general adjunta Bettina Croppi quedó al frente del organismo.
También recibieron el visto bueno las propuestas del Ejecutivo para cubrir los cargos de fiscal adjunto de la Fiscalía General de Córdoba y defensor adjunto del Ministerio Público de la Defensa. Cargos ocupados por Néstor Alejandro Gómez y Jorge Gustavo Folloni, respectivamente.
La creación de la Procuración Penitenciaria Provincial se concretó el 11 de dciembre, pese a los cuestionamientos de la oposición y de organismos con conocimiento en la materia, como el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Una de las críticas es la falta de independencia de la institución, que efectivamente está bajo la órbita del Poder Judicial.
Además, otro punto que generó discusión es la implementación de siete cargos vitalicios de jerarquía y gran escala salarial, que ocupará Croppi junto a tres adjuntos y una secretaria técnica: Guadalupe Trillo Pellizari, Iván Javier Rodríguez, María Florencia Degano y Melani Mattia.
Antes de la aprobación de la Ley 44.944, el Comité Nacional indicó algunas "inconsistencias", como la falta de independencia funcional y de autarquía financiera, que implica un problema para el correcto desarrollo de las tareas. Además señaló el incumplimiento de parámetros en materia de derechos humanos.
Asimismo, el Comité resaltó en un comunicado que tampoco se contemplan las recomendaciones sobre la constitución e implementación de los Mecanismos Locales de Prevención ni las remitidas oportunamente a las autoridades provinciales luego de cada visita de inspección, donde se destacaron violaciones sistemáticas de los derechos de las personas detenidas.
En la misma línea, el Comité manifestó que la Procuración Penitenciario no cumpliría con un control real, ya que "no prevé visitas de monitoreo no anunciadas ni entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad, facultades que constituyen el núcleo operativo del modelo preventivo".
El proyecto fue una iniciativa de la legisladora Nadia Fernández, quien este lunes presentó su renuncia y fue designada en la cartera de Justicia, como segunda de Julián López. En su nuevo rol, Fernández estará a cargo de la articulación de la política carcelaria con el Servicio Penitenciario y de la política antinarcotráfico con el Ministerio Público Fiscal.
La norma fue aprobada por el oficialismo en soledad. Los bloques opositores, luego de fuertes críticas, se retiraron del recinto.
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