Redacción La Nueva Mañana
El Tribunal Oral Federal N° 1 condenó este jueves al mediodía al exmilitar Osvaldo Quiroga a prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía y pluralidad de partícipes, en perjuicio de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Arnaldo Toranzo y Gustavo De Breuil, todos en ese momento presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) de barrio San Martín; y al expolicía Gustavo Salgado a diez años de prisión por imposición de tormentos agravados e inhabilitación absoluta por igual término, al considerarlo responsable de la privación ilegítima de la libertad y torturas agravadas contra Luis Alberto Urquiza.
De esta manera, llegó a su fin el 19° juicio por crímenes de lesa humanidad de lesa humanidad de la provincia de Córdoba. El Tribunal Oral Federal Nº 1 estuvo integrado por Facundo Zapiola, Cristina Giordano y Mario Martínez.
Ambos condenados permanecerán en libertad, lo que generó un amplio disconformismo entre familiares y allegados de las víctimas, que colmaron la Sala de Audiencias del segundo piso del Tribunal.
Cabe recordar que Quiroga y Salgado habían sido absueltos en el juicio de 2010, en el que fueron condenados, entre otros, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Sin embargo, la Corte Suprema y la Cámara de Apelaciones ordenaron que se realice un nuevo juicio.
Al finalizar la última audiencia del juicio en la sala del segundo piso del edificio de Tribunales Federales, y tras leerse la sentencia por parte del Tribunal Oral N°1 (TOF1), La Nueva Mañana dialogó con Raúl Toranzo, hermano de Higinio Arnaldo Toranzo, asesinado el 12 de agosto de 1976, aplicándosele la llamada "ley de fuga", junto a Miguel Hugo Vaca Narvaja y Gustavo De Breuil.
"Consideramos que en sí el fallo, y eso queda claro, ratifica que se trató de un plan sistemático de exterminio, en este caso para ejecutar presos políticos. Es lo que nosotros, lo familiares, venimos sosteniendo desde siempre", dijo Raúl.
Y agregó: "Por supuesto que pretendíamos que no queden en libertad, pero tengo entendido que eso también lo va a evaluar la querella una vez que se den los fundamentos, analizando las razones del Tribunal para disponer eso. Aún así reconocemos, y después de haber transcurrido 15 años del juicio de 2010, que se haya subsanado la absolución para estos dos represores, como lo plantearon siempre los familiares y la fiscalía, porque en el caso de Quiroga había tenido efectiva participación en lo que fue el simulacro de un enfrentamiento para matarlos, se disfrazó un enfrentamiento, como se hacía impunemente en esos tiempos de terrorismo de Estado".
La Nueva Mañana tambien dialogó con el fiscal federal Facunto Trotta. "Lo que nos resta es esperar los fundamentos de la sentencia que se darán a conocer el 16 de diciembre", dijo Trotta.
El funcionario judicial sostuvo que "en términos generales la condena se ajustó a lo que había pedido esta Fiscalía, para el ex policía, 10 años, para el ex militar, perpetua". Respecto a la decisión de que ambos condenados permanezcan en libertad dijo que el Tribunal "siguió un criterio, que lo venimos observando, que cuando se trata de imputados de más de 70 años, y que están en libertad, las sentencias disponen que continúen en esa condición".
"Buscamos que se les realicen los estudios pertinentes, estudios médicos, para ver en qué condiciones físicas están, más allá de sus edades, y que efectivamente se cumpla la condena, en todo caso con prisión domiciliaria por tener más de 70 años, pero se dispuso que continúen en libertad. Veremos bien cuando se den los fundamentos del fallo".
Pasaron 15 años desde el juicio por el asesinato de 31 presas y presos políticos en Córdoba, cometidos entre abril y octubre de 1976. Se trata de los crímenes de detenidos alojados en la Unidad Penitenciaria N° 1 de barrio San Martín, torturados en lo que fue el D2 que funcionaba en dependencias del Cabildo Histórico.
Las muertes, provocadas en distintas tandas, tuvieron un patrón común y eso se vio a la hora de ser informadas: intentos de evasión durante un traslado, enfrentamiento armado con grupos que pretendían liberarlos, la llamada “ley de fugas”.
En aquel emblemático proceso de 2010, se condenó a prisión perpetua, entre otros, a Jorge Rafael Videla (el dictador, que volvió a sentarse en un banquillo por primera vez tras el Juicio a las Juntas de 1985), y Luciano Benjamín Menéndez (el excomandante del III Cuerpo de Ejército, con áreas operativas durante la dictadura que abarcaron 10 provincias).
El proceso desnudó, asimismo, la complicidad de magistrados y funcionarios judiciales, a quienes se les había informado de los “traslados” y jamás investigaron los burdos argumentos –plasmados en comunicados a la prensa- del Ejército explicando las muertes de los detenidos.
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