Redacción La Nueva Mañana
La asociación Colectivo 3 de Diciembre, que nuclea a transportistas de personas con discapacidad de la provincia de Córdoba presentó este lunes un amparo colectivo ante el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, del Tribunal Oral Federal número 3 de Córdoba, para exigir la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), que fue suspendida por el gobierno de Javier Milei, pese a que fue aprobada por el Senado y Diputados y ratificada por ambas cámaras, tras el veto presidencial.
En ese marco y en un contexto de una jornada federal de protestas del colectivo de la discapacidad, este viernes, a las 9, concentrarán usuarios y usuarias, familias, instituciones, transportistas y prestadores en Parque Sarmiento, sobre calle Deodoro Roca, a metros de Plaza España, para marchar hacia Tribunales Federales y visibilizar el reclamo.
La acción judicial presentada por los transportistas tiene alcance nacional y busca representar a todo el sistema integral de discapacidad del país, perjudicado por la dilación en la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia.
"El objetivo es lograr que la Justicia ordene la inmediata aplicación de una ley que reconoce una crisis estructural y que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, pero posteriormente vetada y suspendida sin sustento legal", expresaron desde el Colectivo 3 de Diciembre.
Cabe mencionar que la Ley de Emergencia en Discapacidad atravesó largos debates en la calle y en el mismo seno del Congreso y viene a dar una respuesta paliativa a la baja de pensiones de manera arbitraria, aranceles desactualizados, demoras en los pagos, falta de presupuesto y políticas públicas insuficientes. "El Estado tiene la obligación de garantizar su cumplimiento", señalaron desde el colectivo de transportistas y agregaron que "desde el inicio de esta crisis, personas con discapacidad ven interrumpidas sus terapias y servicios esenciales, mientras prestadores y transportistas sostienen el sistema endeudados y al borde del cierre. Cada día, una familia pierde su principal ingreso y otra persona con discapacidad pierde su acceso a la atención y la movilidad".
La abogada que patrocina a la organización, Samanta Funes, destacó que "el Sistema Único de Discapacidad es una política pública esencial, que garantiza la equidad en el acceso y goce de derechos para miles de personas con discapacidad en todo el país"; y que la Ley de Emergencia "reconoció la crisis profunda que atraviesa el sector, con prestaciones desactualizadas, pensiones dadas de baja y falta de políticas para sostener a quienes brindan los servicios".
"Esa ley también señaló lo más importante: el Estado es responsable de garantizar presupuesto y soluciones urgentes", subrayó Funes, que alertó que "el sector de discapacidad no soporta una pausa más" y que "sin prestadores, no hay garantía de derechos".
"El Presidente, una vez más, utilizó sus potestades para obstaculizar y desfinanciar el Sistema Único de Discapacidad", afirmó la abogada, respecto a la suspensión de la ley, aprobada y ratificada por el Congreso tras el veto. En ese contexto, explicó, "decidimos acudir a la Justicia Federal haciendo uso del derecho constitucional de acceso a la justicia, para solicitar la implementación inmediata de la ley suspendida".
Finalmente, resaltó que el amparo está planteado para todo el colectivo de la discapacidad: "Este amparo colectivo representa no solo a los y las transportistas del Colectivo 3 de Diciembre, sino a todo el sistema de discapacidad:
personas con discapacidad, prestadores y prestadoras comprendidos en la Ley 24.901 ('Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad')".
