
El reclamo por la Emergencia en Discapacidad y la puesta en marcha de la ley se hizo sentir en Córdoba
Redacción La NUEVA Mañana




Este miércoles en horas del mediodía se realizó en Plaza San Martín una movilización de los sectores vinculados a la discapacidad. La acción, que se replicó en todo el país, fue en demanda de la aplicación de la Ley de Emergencia para el sector, que fue aprobada y ratificada por ambas cámaras del Congreso, y que el Gobierno nacional, tras fracasar su veto, la promulgó pero se niega a aplicarla, alegando dificultades presupuestarias.
La Campaña Federal por la Declaración de Emergencia en Discapacidad emitió un comunicado, crítico con el Gobierno nacional, en el cual exige la inmediata implementación de la Ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, "sin dilaciones ni obstaculizaciones"; y repudia la "modalidad abiertamente inconstitucional del Gobierno nacional".

Repudio a la insensibilidad del Gobierno
La convocatoria a la jornada federal de protestas fue amplia y reunió principalmente a personas con discapacidad, sus familias, prestadores e instituciones. En Córdoba, la concentración reunió a un nutrido grupo de personas que, a viva voz, expresaron su repudio frente a la insensibilidad que muestra el gobierno del presidente Javier Milei.
En el documento dado a conocer por los organizadores, subrayan que "a pesar del logro del colectivo", la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad "ha sido obstaculizada por el Decreto 681/2025, argumentando que es el Congreso quien debe precisar las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".
Y continua el comunicado: "La Ley ya fue votada cuatro veces y, frente a su ratificación en ambas cámaras del Congreso, es el jefe de Gabinete quien tiene que definir de qué manera se financia y que de ninguna manera esta responsabilidad puede caer en el Congreso".
Asimismo, denunciaron que en la sesión del día 17 de septiembre se interrumpió el tratamiento del proyecto de democratización de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), lo que implica un nuevo golpe al colectivo de la discapacidad.

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