Redacción La Nueva Mañana
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad elevó un alerta internacional para denunciar la vulneración del colectivo y el incumplimiento del gobierno de Javier Milei, que se niega a destinarle presupuesto a la ley de emergencia.
A través de una carta, envíada a organismos internacionales, el Foro subrayó que la gestión libertaria no impulsó políticas favorables para esta población. "Desplegó una campaña de estigmatización, vinculando a las personas con discapacidad con supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones" con la intención de justificar los recortes, señaló el documento.
En la misma línea, incó que el gobierno, con el objetivo de reducir el gasto público, "intentó eliminar las pensiones no contributivas que, en los últimos 20 años, se otorgaron a personas con discapacidad en situación de pobreza, y no únicamente a quienes presentan una incapacidad laboral".
Este plan quedo expuesto en el Presupuesto 2025, que finalmente no fue aprobado, donde se preveía la eliminación de 270.000 pensiones no contributivas. "Como parte de esta estrategia, el Ejecutivo dispuso una reevaluación masiva" que derivó en millones de bajas irregulares.
"La suspensión de aproximadamente 120.000 pensiones está siendo actualmente objeto de impugnaciones legales en diversas provincias", observó.
A esta situación se suma el atraso en la actualización arancelaria de las y los prestadores de salud, que pusó en crisis el sistema regulado por la Ley 24.901, que, según la información que compartió el Foro, obliga a obras sociales, empresas de medicina prepaga, al Estado y al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a garantizar la atención de aproximadamente 250.000 personas con discapacidad.
"En lo que va de 2025, no se ha dispuesto ninguna actualización, a pesar de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya supera el 19% en el presente año", desarrolló el organismo, mostrando la gravedad de la situación.
Además destacó que el apoyo del Estado destinado a más de 6.000 trabajadores con discapacidad de los Talleres Protegidos se mantiene, desde febrero de 2023, en apenas $28.000 mensuales.
El Foro expresó que la normativa fue vetada por el Presidente y posteriormente, el Congreso reafirmó la vigencia de la ley: "Sin embargo, el Poder Ejecutivo, aun habiendo promulgado la norma, suspendió su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento para cubrir los gastos que implica".
En ese sentido, señaló que ese pedido es poco habitual y general "una dilatación injustificada en la ejecución de la ley".
"Albergamos la esperanza de que la comunidad internacional exprese su preocupación al Gobierno Argentino, recordándole la obligación que tiene con esta población", finalizó el comunicado firmado por el coordinador del Foro Pablo Molero.
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