Redacción La Nueva Mañana
Este miércoles 1° de octubre se manifiesta en todo el país el sector de la discapacidad, en demanda de la aplicación de la Ley de Emergencia para el sector, que fue aprobada y ratificada por ambas cámaras del Congreso, y que el Gobierno Nacional, tras fracasar su veto, la promulgó pero se niega a aplicarla, alegando dificultades presupuestarias.
En Córdoba, la manifestación es a las 12 en Plaza San Martín.
La Campaña Federal por la Declaración de Emergencia en Discapacidad emitió un comunicado, crítico con el Gobierno Nacional, en el cual exige la inmediata implementación de la Ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, "sin dilaciones ni obstaculizaciones"; y repudia la "modalidad abiertamente inconstitucional del Gobierno nacional".
La convocatoria a la jornada federal de protestas es amplia y apunta principalmente a personas con discapacidad, sus familias, prestadores e instituciones.
Subrayan que "a pesar del logro del colectivo", la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad "ha sido obstaculizada por el Decreto 681/2025, argumentando que es el Congreso quien debe precisar las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".
Detalla a continuación el comunicado que la Ley ya fue votada cuatro veces y que frente a su ratificación en ambas cámaras del Congreso, es el jefe de Gabinete quien tiene que definir de qué manera se financia y que de ninguna manera esta responsabilidad puede caer en el Congreso.
Asimismo, denuncian también que en la sesión del día 17 de septiembre se interrumpió el tratamiento del proyecto de democratización de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), lo que implica un nuevo golpe al colectivo de la discapacidad.
En este escenario, la Campaña exige:
- Restitución inmediata de todas las pensiones recortadas: que el Ejecutivo reintegre las pensiones quitadas de forma masiva con el debido reintegro de los meses recortados.
- Cumplimiento claro e inmediato de la ley: Que el Ejecutivo deje sin efecto la suspensión de ejecución contenida en el Decreto 681/2025, y ponga en marcha todas las medidas que la Ley 27.793 dispone.
- Asignación presupuestaria adecuada: Que el Ejecutivo determine fuentes reales de financiamiento, y los recursos sean incluidos sin dilaciones en el Presupuesto.
- Transparencia y control: Que se publiquen los montos, plazos, mecanismos de auditoría y rendición de cuentas vinculados con la emergencia.
- Tratamiento inmediato del proyecto de democratización de Andis: tratamiento e implementación de la ley de democratización de Andis de manera urgente.
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