Pablo Javier Rodríguez
La Campaña Federal por la Declaración de Emergencia en Discapacidad emitió un comunicado, en el que repudió enérgicamente la decisión "inconstitucional" del Gobierno Nacional de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aludiendo a problemas presupuestarios.
En ese marco, convocaron a personas con discapacidad, sus familias, prestadores e instituciones a participar de un paro de actividades con concentraciones y clases públicas en distintas plazas del país el miércoles 1° de octubre.
De esta manera, exigen la "inmediata implementación sin dilaciones ni obstaculizaciones de la ley Ley 27.793", que el Gobierno promulgó, pero suspendió su aplicación a través del Decreto 681/2025.
Cabe recordar que la citada norma fue aprobada por Diputados y el Senado y, tras el veto presidencial de Javier Milei, fue ratificada con más de los dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso.
"El Congreso ya votó cuatro veces a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad y es el jefe de gabinete quien tiene que definir de qué manera se financia dicha ley", subrayó la Campaña, en un comunicado titulado "¡Emergencia en discapacidad es democracia!".
En dicho documento exigen lo siguiente:
- Restitución inmediata de todas las pensiones recortadas: que el ejecutivo reintegre las pensiones quitadas de forma masiva con el debido reintegro de los meses recortados.
- Cumplimiento claro e inmediato de la ley: Que el Ejecutivo deje sin efecto la suspensión de ejecución contenida en el Decreto 681/2025, y ponga en marcha todas las medidas que la Ley 27.793 dispone.
- Asignación presupuestaria adecuada: Que el ejecutivo determine fuentes reales de financiamiento, y los recursos sean incluidos sin dilaciones en el Presupuesto.
- Transparencia y control: Que se publiquen los montos, plazos, mecanismos de auditoría y rendición de cuentas vinculados con la emergencia.
- Tratamiento inmediato del proyecto de democratización de ANDis: tratamiento e implementación de la ley de democratización de ANDis de manera urgente.
Sobre este tema, La Nueva Mañana consultó a la prestadora Julia Domínguez, una de las voceras de la Campaña Federal por la declaración de Emergencia en Discapacidad, quien alertó que las consecuencias de las continuas dilaciones en la aplicación definitiva de la Ley son "muy duras", tanto sobre las personas con discapacidad y sus familias como sobre los prestadores que deben apelar al multiempleo e instituciones que se ven obligadas a cerrar.
- ¿Esperaban esta decisión del Gobierno de promulgar la Ley, pero suspenderla aduciendo nuevamente problemas presupuestarios?
- Lamentablemente sí. La voluntad politica del Ejecutivo fue explícita. No olvidemos que desde el comienzo las respuestas fueron hostiles y amenazantes. No existen tales problemas porque por un lado esta delegando una función del Ejecutivo. Por otra parte, si así fuera, (el diputado oficialista José Luis) Espert debería haber estado presente en la sesion de la Comisión de Presupuesto, la cual preside. Recordemos que el diputado (Daniel) Arroyo tuvo que emplazar a dicha comisión a que lo trate. Espert, como es su costumbre, se ausentó, esta vez sin huir en moto, sino yendo a un congreso de actividades financieras en lugar de estar en su lugar de trabajo. No se trata de problemas presupuestarios, sino de una voluntad de gestionar sin considerar lo que sucede en el colectivo. Este tecnicismo al cual dicen apelar no es tal, es un gesto más de los tantos antidemocráticos de este gobierno.
- ¿Qué implica para personas con discapacidad y sus familias, prestadores e instituciones la demora que se viene dando en la aplicación de la Ley, desde que inicialmente se vetó y ahora con esta suspensión indefinida? ¿Qué significa en materia económica y en cuestiones de derechos? ¿Qué riesgos implica para el sector?
- Las consecuencias son muy duras. Partiendo de la quita masiva de pensiones, que fue realizada de manera tan avasallante y sin accesibilidad, se retrotrae y destruye un proceso de construcción social de años. Muchas personas no están pudiendo acceder nuevamente por las situaciones de pobreza en la que viven. Muchas personas con discapacidad que están en situación de calle tienen recorridos mas duros en realizar esas gestiones y no pueden ser notificados. Hay personas que fueron citadas en lugares insólitos y como vimos en cámara, personas haciendo usurpación de titulo están firmando como médicos auditores. Eso es una quita de derechos, de apoyos mínimos, pero a su vez básicos para proyectos personales. Los prestadores ya estamos trabajando en emprendimientos y diversas formas de multiempleo, que deterioran tanto la salud como la disponibilidad; y muchas instituciones están cerrando, endeudadas. Sin instituciones no hay lugares de trabajo y se reduce el acceso a prestaciones. Esto se traduce en un proceso de privatización y de segmentación clasista, ya que un derecho se constituye en un servicio privado. Como todo lo que estamos viendo, es la mercantilización cruel de los derechos más indispensables.
- Frente a este escenario, ¿qué planea hacer el sector en los próximos días: judicializar el tema, movilizarse, visibilizar, apelar a instancias internacionales?
- Estamos haciendo y seguiremos haciendo absolutamente todo lo que este a nuestro alcance. Estamos construyendo el amparo colectivo con organizaciones y de forma individual. El miercoles 1° de octubre paramos y convocamos nuevamente a las jornadas federales. Y no descartamos la búsqueda del apoyo internacional en caso de que sea necesario.
Noticias relacionadas:
