Redacción La Nueva Mañana
Con el quorum justo, el oficialismo logró habilitar la sesión a fin de debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
La iniciativa busca derogar la Ley 26.737, sancionada en 2011, que estableció límites a la titularidad extranjera de tierras con el objetivo de preservar la soberanía sobre recursos estratégicos.
La normativa vigente fija que los extranjeros no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, establece topes para personas de una misma nacionalidad y prohíbe la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y otras zonas consideradas de interés estratégico.
El oficialismo sostienen que esas restricciones desalientan inversiones productivas y afectan el desarrollo del sector agropecuario y de otras actividades vinculadas al uso de la tierra. En ese sentido, argumentan que la eliminación de los límites permitiría atraer capitales, generar empleo y potenciar el crecimiento económico.
Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.
Si no existe un reparo ni del Gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.
En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.
En contraste, legisladores de la oposición y organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos advierten que la derogación de la ley podría profundizar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, además de comprometer el control sobre recursos naturales estratégicos como el agua, los bosques y las áreas fronterizas. También señalan que la normativa vigente constituye una herramienta para resguardar la soberanía territorial.
El tratamiento del proyecto se desarrolla en un contexto de fuerte discusión sobre el rol del Estado en la regulación de la propiedad de la tierra y las inversiones extranjeras. El resultado de la votación marcará un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo de desarrollo y la administración de recursos considerados estratégicos para el país.
La Libertad Avanza también quiere aprobar una treintena y seis de pliegos, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.
Pesino ya se adelantó a una posible postergación del debate de su pliego y presentó un recurso de amparo para continuar en su cargo después de cumplir los 75 años.
También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.
Con la aprobación de estos pliegos, ya habrá conseguido designar en los últimos meses 110 cargos para cubrir las 300 vacantes que hay en la Justicia.
Con información de NA y LNM
