Bahía Luz De Palma
A 11 años de la primera Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, familiares y amistades de víctimas de la violencia policial vuelven a reclamar en la ciudad de Córdoba.
Bajo el lema “No es un solo policía, es toda la institución”, este año la propuesta es una merienda compartida, acompañada de intervenciones artísticas, en el Paseo de Sobremonte, frente a Tribunales I, el miércoles a las 17:30. La organización recibe donaciones de alimentos no perecederos.
En un contexto adverso, las familias de víctimas de gatillo fácil se organizan y siguen buscando Justicia.
“Acá hay una realidad, si uno no sale a la calle te cierran la causa”, dijo Gabriela Sanso, mamá de Rodrigo Sánchez, el joven de 17 años asesinado por un oficial en 2015.
Gabriela recordó la primera vez que participó de la marcha buscando respuestas por el crimen de su hijo. Seis días después de que mataron a Rodrigo realizó la primera concentración en la puerta de la Central de Policía y se encontró con la Coordinadora de Familias de Víctimas de Gatillo Fácil y desde ese día integra la organización.
Recién en 2024 la causa llegó a tribunales. “Hay una condena, un culpable y puedo gritar quién es el asesino de mi hijo”, expresó a La Nueva Mañana, pero también señaló que la sentencia “es vergonzosa”.
Sanso subrayó que en la última década el balance no es positivo, pese a que se realizaron algunos juicios, la respuesta de la Justicia es acotada y las muertes por gatillo fácil siguen ocurriendo.
“En nueve años hice de todo, viaje, me organice, conocí gente, me di cuenta que no era yo sola la que estaba pasando por esto, me hostigaron, me encadene en tribunales, me persiguieron, me enviaron la foto de mi hijo muerto”, contó Gabriela sobre la larga espera.
En abril de 2024, el tribunal dictó la sentencia del oficial que apuntó contra la espalda de Rodrigo y le quitó la vida. La investigación estableció que el oficial Lucas Gastón Carranza estaba alcoholizado y había consumido cocaína antes de utilizar su arma reglamentaria. La pena impuesta fue de tres años de cárcel en suspenso.
"A nosotras no se nos escucha, es muy difícil y después de tantas muertes no cambió nada", manifestó refiriéndose al accionar policial.
En Córdoba, los casos de gatillo fácil que llegaron a tribunales en los últimos años tuvieron resultados similares. El Poder Judicial reconoce a los jóvenes y sus familiares como víctimas de “violencia institucional” y también el accionar sistemático de las fuerzas de seguridad, como la modificación de la escena del crimen -plantar armas- para justificar el ataque fingiendo un enfrentamiento. Sin embargo, las penas se caracterizan por ser condicionales o en suspenso y no alcanzan a los altos rangos.
En marzo de 2023, el juicio por Isaías Luna -joven ultimado en 2020 tras cometer un robo- culminó con seis policías condenados a penas menores de tres años, sin prisión efectiva. A finales de ese mes, el juicio por Blas Correas, adolescente que recibió las balas de la policía tras evitar un control de tránsito, terminó con la reclusión perpetua de Lucas Gómez y Javier Alarcón, responsables de los disparos fatales, y nueve agentes con condenas de entre dos y cinco años de prisión. Actualmente su familia solicita el avance de una causa paralela, que indaga la responsabilidad de los funcionarios de la cartera de Seguridad, entre ellos el ex ministro Alfonso Mosquera.
En abril del mismo año, el tribunal condenó al oficial Mariano Martínez a cuatro años de prisión en suspenso, por dispararle a Damián Pérez. El ataque, ocurrido en 2014, dejó a Pérez hemipléjico y con complicaciones renales hasta marzo del 2022, cuando finalmente falleció, luego de muchos intentos de rehabilitación.
En abril de 2024, el tribunal dictó sentencia por el crimen de Rodrigo Sánchez. Dos meses después, la causa por Lucas Funes terminó con la absolución del oficial Luciano Carnero. El policía reconoció haber disparado repetidamente mientras perseguía al joven, que huía a pie, en el año 2012. Para la Justicia de Río Tercero fue en “legítima defensa”, pese a que la supuesta arma con la que Funes amenazó a los uniformados nunca apareció.
A estos casos se le suman otros que aún no llegaron a juicio. Como el crimen de Ezequiel Castro, que fue detenido en 2022 y falleció días después en el Hospital Misericordia, a donde ingresó con numerosas lesiones en el cuerpo y una deshidratación crítica. El chico de 21 años fue interceptado por la policía en la esquina de su casa y luego lo trasladaron al Centro Psico Asistencial (CPA), donde permaneció incomunicado mientras su familia lo buscaba. Unos meses después, Matías Mariño atravesó una situación similar. Pasó por una comisaría y lo derivaron al CPA. Cuando su familia pudo volver a verlo estaba en el sanatorio ubicado en barrio Güemes, con marcas de tortura y secueslas irreversibles. Actualmente Matías no puede hablar, caminar, ni comer por sus propios medios.
Ninguna de las dos víctimas tenía problemas de salud mental ni antecedentes delictivos que justifiquen su traslado. Las familias denuncian un entramada de represión que vincula a las fuerzas policiales, profesionales del CPA y del hospital.
En el historial del Poder Judicial de la provincia también se encuentra el nombre de Facundo Rivera Alegre. Desde el 19 de febrero de 2012, Viviana, su mamá, apunta contra la Policía y sigue preguntando dónde está.
Pese al panorama desalentador, la Coordinadora y organizaciones de Derechos Humanos siguen exigiendo Justicia, acompañando los procesos legales y denunciando la violencia institucional que recae principalmente sobre las y los jóvenes.
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