Redacción La NUEVA Mañana
El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto del gobierno de Javier Milei que vetó la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, que va a contramano del cumplimiento de los derechos humanos y en sintonía con las políticas de crueldad impulsadas y ejecutadas por La Libertad Avanza. La medida no afecta la impugnación de la normativa, pero sienta un precedente.
En el fallo, el juez Adrián González Charvay aseguró que "el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias". La sentencia hace lugar parcialmente al amparo presentado por la familia de dos niños con discapacidad, que denuncio la situación de precariedad que atraviesa el sector.
Los afectados por la medida “son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (Art. 75 inc. 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial”, destacó la sentencia.
Además indica que el veto presidencial "viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad" y reconoce que los aumentos desde diciembre de 2023 fueron "por debajo de todos los índices económicos de referencia, lo que provocó una marcada pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones y puso en grave riesgo la continuidad de los tratamientos esenciales".
En el Decreto 534/2025, el Gobierno fundamentó su decisión al sostener que las leyes aprobadas por amplia mayoría implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.
