Redacción La Nueva Mañana
Este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia para tratar el uso de la prisión preventiva y la aplicación de juicios abreviados en la provincia de Córdoba. La reunión virtual fue encabezada por el presidente de la organización internacional Jose Luis Caballero Ochoa. Participaron representantes de la sociedad civil, integrantes del Poder Judicial de Córdoba y funcionarios del Estado nacional.
Durante la reunión, Jorge Cardoso, de la Asociación Proomine, describió la "alarmante" situación en las cárceles de Córdoba y explicó que "se está usando la prisión preventiva como una forma de castigo anticipado". "La situación es crítica y afecta a miles de personas, muchas de ellas inocentes, sometidas a un trato inhumano que roza los crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático".
La denuncia fue acompañada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Kevin Nilsen, representante de la organización, confirmó que en Córdoba la tasa de encarcelamiento es la "más alta del país" y que los centros de detención "presentan niveles de hacinamiento extremos".
Sobre los juicios abreviados, las organizaciones civiles señalaron que las y los detenidos se ven "condicionados" para aceptar este tipo de proceso, que no son beneficiosos en todos los casos.
El Estado provincial cuenta con 30 días para remitir a la CIDH información relativa a los interrogantes planteados en la audiencia.
Los funcionarios reconocieron la situación problemática de los centros de detención provinciales y destacaron la implementación de soluciones. Durante su intervención, el responsable de la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Wilfrido Pérez, expresó que la aplicación de la oralidad para el dictado de prisiones preventivas por parte de juezas y jueces de control “se encuentra en etapa avanzada de ejecución”.
A su vez, indicó que esta reforma, prevista por la Ley 10366, había sido postergada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, aseguró que, apenas fue superada aquella situación, se avanzó con un “férreo compromiso” en la puesta en marcha de la norma, con el objetivo de compatibilizar los requisitos para el dictado de la medida cautelar de prisión preventiva con los estándares de los derechos humanos.
En la misma línea, destacó que el plazo de la prisión preventiva en Córdoba se limita a dos años y que, excepcionalmente, en casos de delitos complejos, se puede extender por un año más. "Al 30 de junio del año 2025, que tomamos como fecha de corte, y computando las personas privadas de la libertad que ingresaron al sistema desde el año 2023, tenemos el 66% de personas condenadas y el 34% que se encuentran en calidad de procesados", concluyó el funcionario judicial.
Por otra parte, la fiscal Adjunta Bettina Croppi señaló que los juicios abreviados se tramitan con un acuerdo previo entre el fiscal y el abogado defensor. Apuntó que, en ese momento, el letrado hace las consideraciones necesarias que estime beneficiosas para su defendido. Su respuesta está vinculada a la acusación de las organizaciones civiles, que señalan que muchos imputados aceptan cargos que no realizaron "bajo presión".
La adiencia completa:
