Redacción La NUEVA Mañana
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 475/2025, publicado en el Boletín Oficial, que aprueba una nueva estructura organizativa para la Procuración del Tesoro de la Nación. Además dispuso la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado que será reemplazada por la nueva Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (Cefap), que tendrá a su cargo la capacitación, certificación de competencias y selección de los abogados estatales.
Esta medida, según se justificó, busca optimizar recursos, reducir costos y modernizar la gestión de la abogacía pública.
Los cambios se dan luego de que la Casa Rosada dijera que hubo filtraciones de información sobre el juicio por la expropiación de YPF por parte de empleados del Estado. En este contexto, la reestructuración fue adelantada por el Gobierno nacional, junto con el despido de 60 funcionarios.
El decreto también reorganiza las direcciones nacionales, reasigna cargos y modifica jerarquías para agilizar la gestión en juicios locales e internacionales, sumarios y auditorías. Además, establece un plazo de 90 días para reasignar los bienes de la escuela disuelta y ordena mantener los programas de formación en curso bajo la supervisión del Cefap.
El texto oficial señala que la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado responde a “desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos”, pese a haber cumplido con los fines para los que fue creada. En su lugar, la capacitación y perfeccionamiento de los abogados del Estado quedará bajo la órbita de la Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (Cefap), que asumirá nuevas funciones y competencias.
El decreto modifica varios artículos del Decreto 754/94, que regulaba la Escuela, y de la Decisión Administrativa 1838/2020, que establecía la estructura anterior de la Procuración. Entre los cambios más relevantes, se redefine la integración y funciones del Comité Académico del Cefap, que ahora estará presidido por el titular de la Procuración del Tesoro e integrado por representantes de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, la Secretaría de Justicia, el Ministerio de Economía y la propia coordinación del Cefap.
El decreto también faculta al titular del Ministerio de Justicia, Cúneo Libarona, a modificar la estructura organizativa aprobada, siempre que no implique un aumento de las unidades organizativas ni de las partidas presupuestarias, y previa intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional.
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