
Fuera Porta: avanza ante la CIDH el reclamo por el daño ambiental y a la salud de las familias de barrio San Antonio
Redacción La Nueva Mañana


La organización Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) y Fundeps Argentina presentaron ante la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso sobre la "instalación ilegal" de la empresa Porta Hnos. S.A. en barrio San Antonio, en Córdoba capital, que desde 1995, cuando se instaló en la zona y afecta el medio ambiente y la salud de las familias que viven allí, de acuerdo al reclamo barrial que ya lleva más de una década.
En es marco, la CIDH dio la "admisibilidad" y el Estado argentino deberá enviar la información solicitada.

La petición ante la Comisión Interamericana se hizo en abril de 2004 y fue impulsada por la organización barrial y Fundeps, una ONG que trabaja para que se garanticen los derechos humanos. La inicitiva se propuso como finalidad que la CIDH tome conocimiento "de la situación de vulneración de derechos fundamentales derivada del funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A., en el barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba", según indicó VUDAS a través de un comunicado.

"A lo largo de estos 13 años de lucha, las VUDAS impulsaron numerosos reclamos administrativos y acciones judiciales antes los distintos niveles del Estado, respaldados por sólidos estudios independientes que prueban el grave daño producido al ambiente y la salud de las familias del barrio", dice el texto publicado y agrga que hasta el día de la fecha, no recibieron soluciones por parte de las autoridades locales.
Es por ello, que la organización buscó visibilizar el reclamo en las distintas instancias legales y recientemente, la petición en la CIDH pasó a una nueva etapa dentro del procedimiento: la etapa de admisibilidad. Esto implica que la Corte Interamericana considera que la solicitud cumple con los requisitos formales y "está en condiciones de ser analizada en profundidad".
Para ello, solicitó información al Estado argentino, que debe responder en el plazo máximo de cuatro meses desde el envío de la solicitud, con lo cual, esto será el 25 de julio.
"Haber pasado a esta etapa resulta de suma importancia, ya que, de las miles de peticiones que recibe anualmente la CIDH, son muy pocas las que lo logran", resaltó VUDAS.
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