La decisión impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.
País24/06/2025
Redacción La NUEVA Mañana
El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo de 2025.
El Decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, devuelve la iniciativa al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La decisión impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.
El proyecto de ley, sancionado por el Congreso el 4 de junio de 2025, preveía declarar la emergencia por 180 días, crear un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgar plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizar la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.
Sin embargo, ahora el Gobierno desestimó la emergencia a través del decreto. En los considerandos del mismo, el Gobierno recordó que como parte de las medidas de contigencia a Bahía Blanca, se impulsó la creación de una prestación monetaria llamada "SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (S.U.R.)”.
En detalle, según explicó la gestión de Milei, luego de la catástrofe ocurrida en marzo, a dicho programa se inscribieron un "total de 37.546 personas" y "aún se encuentran en análisis otras 3.962" para recibir la prestación monetaria.
Sobre los inscriptos, el Gobierno aseguró que "el ochenta y cinco coma cuarenta y tres por ciento(85,43 %) del total de inscriptos para recibir el “SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (S.U.R.)” ya han recibido el pago correspondiente, mientras que los casos bajo análisis representan el diez coma cincuenta y cinco (10,55 %) y los rechazos únicamente el cuatro coma cero uno por ciento (4,01 %)".
En referencia al proyecto y la ampliación de la zona de ayuda estatal, la gestión del libertario aseguró que "resulta de imposible cumplimiento incluir a la localidad de CORONEL ROSALES en el marco del programa, toda vez que la zona fue oportunamente determinada sobre la base de informes producidos por organismos técnicos, como el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL".
Luego, en los mismos considerandos de la medida detallaron que "el proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán".
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