La Cámara 7° dictará sentencia este miércoles por la muerte de bebés nacidos sanos en el Neonatal

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación dictará sentencia este miércoles en el juicio por la muerte de bebés nacidos sanos entre marzo y junio de 2022 en el Hospital Materno Neonatal. La causa tiene como principal imputada a la enfermera Brenda Agüero y a diez ex funcionarios y personal médico del nosocomio.

La jornada definitiva del proceso, que tiene previsto su inicio a las 9, será acompañada por una vigilia de familiares en la puerta de tribunales. Las penas serán determinadas por las autoridades de la Cámara, Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, y un jurado popular. 

La principal acusada es la enfermera Brenda Agüero, imputada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en cinco hechos. Asimismo, se le atribuyen otros ocho casos por el mismo delito pero en grado de tentativa. Durante los alegatos su defensa insistió en su inocencia, pidió su absolución y dijo que fue usada en la causa como "perejil". 

Además, diez funcionarios públicos están acusados de omisión de deberes y encubrimiento, entre ellos el ex ministro de Salud Diego Cardozo, para quien la fiscalía pidió la pena de tres años de prisión en forma condicional y tres años  de inhabilitación. La querella, por su parte, reclamó condenas mayores y de cumplimiento efectivo.

Otra ex funcionaria de cargo jerárquico imputada es la ex directora del Neonatal, Liliana Asís, quien en su momento declaró que “no sospechó de ninguna conducta criminal” dentro de la institución que dirigía al momento de las muertes. Negó las acusaciones sobre “falsedad ideológica” despegándose de las responsabilidades que se le imputaron. 

Para ella, el fiscal pidió la pena de cuatro años de prisión, en la modalidad que viene siendo implementada, que es prisión domiciliaria, y la inhabilitación por tres años.

Durante los alegatos, la querella indicó que los ex funcionarios tenían conocimiento que algo estaba ocurriendo y nunca denunciaron, eligiendo mantener los hechos dentro de la institución. Razón por la cual, dicha omisión fue decisiva en la permisividad del accionar de la enfermera. 

El juicio 

El histórico juicio por la gravedad de los hechos y la cantidad de funcionarios imputados, busca esclarecer la muerte de cinco bebés y la descompensación de otros ocho recién nacidos que lograron sobrevivir, en el hospital público. Los presuntos ataques ocurrieron entre marzo y junio de 2022.

La hipótesis que figura en el expediente indica que los neonatos fallecieron por un exceso de potasio no compatible con la vida, suministrado a través de inyecciones. 

Durante la etapa de alegatos, la querella que representa a las familias de las víctimas cuestionó especialmente el accionar del personal de salud y de los altos mandos por no denunciar las sucesivas muertes y descompensaciones que sufrieron 13 recién nacidos.

En la misma línea solicitaron penas efectivas y exigieron que el crimen sea enmarcado en un contexto de violencia institucional y obstétrica. Por su parte, el fiscal Sergio Ruiz Moreno pidió condenas más leves para los funcionarios.

Los defensores de Cardozo y Asís intentaron desvincular de los reiterados ataques contra los recién nacidos a los médicos y funcionarios. Ambos abogados apuntaron contra la Justicia y la demora en la investigación. Del otro lado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) en la instrucción cuestionó que desde el hospital solo presentaron dos denuncias descontextualizadas el 6 y 7 de junio de 2022. Para ese momento ya habían fallecido cinco bebés y otros ocho sufrieron graves  descompensaciones. Un mes después de las denominadas jornadas trágicas -donde murieron dos neonatos y otros dos sobrevivieron con graves secuelas- Francisco Luperi, el esposo de una médica, presentó la primera denuncia, que expone todos los casos que ocurrieron desde marzo de ese año. 

Durante el proceso, la directora del Neonatal y el titular de la cartera sanitaria negaron el encubrimiento y expresaron que los casos no despertaron sospechas de criminalidad.

Los otros imputados

Alejandro Gabriel Gauto: abogado, ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud. Coautor penalmente responsable del hecho encuadrado en el delito por encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público. El fiscal solicitó la pena de tres años de prisión, en modalidad condicional y tres años de inhabilitación. 

Pablo Miguel Carvajal: médico, ex secretario de Salud. Coautor penalmente responsable por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público. La fiscalía solicitó tres años de prisión en modalidad condicional y tres años de inhabilitación. "Si antes hubieran hecho las denuncias se hubieran evitado fuertes ataques contra los niños", justificó Ruíz Moreno. 

Alicia Beatriz Alisa: enfermera profesional, ex jefa de Enfermería. Imputada por omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública. "Se la declare coautora penalmente responsable de omisión de deberes de funcionario público. El fiscal solicitó un año de inhabilitación y el máximo de la multa.

Alejandro Tomas Escudero Salama: abogado, ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Se lo declare autor penalmente responsable por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. El fiscal solicitó la pena de 4 años de prisión y inhabilitación por 3 años.

Marta Elena Gómez Flores: médica cirujana, con especialidad en Neonatología. Se la declare responsable del delito de falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública. El fiscal solicitó la pena de 3 años de prisión e inhabilitación especial por 4 años. 

María Alejandra Lujan:  médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. "Solicito que se la absuelva por falsedad ideológica y se la condene por omisión de los deberes de funcionario público", dijo el fiscal. Además pidió un año de inhabilitación y la multa máxima.

Adriana Luisa Moralez: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. El fiscal retiró la acusación por por falsedad ideológica, y es penalmente responsable por omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público. Solicitó tres años de prisión en forma condicional e inhabilitación por tres años. Ruíz Moreno aclaró que se comprobó que colaboró para averiguar qué ocurrió en los primeros casos, por eso se retiró la falsedad ideológica.

Claudia Elizabeth Ringhelheim: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Penalmente responsable de los delitos de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública. El fiscal pidió que se le imponga la pena de un año de inhabilitación y del máximo de la multa.