El juicio por la muerte de bebés en el Neonatal tiene fecha de cierre: la sentencia será el 2 de junio

El juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal que tienen como principal imputada a la enfermera Brenda Agüero y 10 ex funcionarios provinciales,  tiene fecha de cierre. El fallo del tribunal se conocerá el próximo 2 de junio, según confirmó en las últimas horas la Cámara 7ma. del Crimen de Córdoba.

Agüero está acusada de ser la persona que dio los pinchazos mortales a los cinco recién nacidos y a los otros ocho que sobrevivieron, entre marzo y junio de 2022. Además de la enfermera, también se encuentran acusados 10 ex funcionarios, tanto profesionales del Neonatal como del Ministerio de Salud, entre ellos el ex ministro provincial, Diego Cardozo.

El cronograma informado por la Cámara prevé 19 audiencias (ya se realizaron 37) hasta el 2 de junio. Faltan las declaraciones de los últimos cuatro testigos y luego los acusados ampliarán sus indagatorias, sin responder preguntas.

Los alegatos arrancarán el 28 de abril. Primero expondrán los fiscales de Cámara, Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, después será el turno de los abogados querellantes y, por último, los defensores de los acusados. Todo este proceso se extenderá casi un mes.

Recién a fines de mayo están previstas las llamadas “últimas palabras”. Comenzarán las madres de los bebés muertos y culminarán los 11 acusados. Finalmente, el 2 de junio el tribunal dará a conocer la sentencia.

Quiénes son los acusados

Brenda Agüero: enfermera que integraba el servicio de obstetricia del Neonatal, imputada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado (cinco hechos). Le atribuyen otros ocho casos con la misma calificación legal en grado de tentativa.

Liliana Asís: ex directora con prisión domiciliaria desde mayo de 2023. Había estado detenida en la cárcel de Bouwer desde febrero del mismo año. Está acusada de encubrimiento agravado, falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento por el hecho precedente.

Diego Cardozo: era ministro de Salud al momento de los hechos y renunció en agosto de 2022, días después de que se hiciera público el escándalo. Imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Alicia Beatriz Ariza: enfermera profesional, exjefa de enfermería. Imputada por omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública.

Pablo Miguel Carvajal: médico, exsecretario de Salud. Imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Julio Alejandro Tomás Escudero Salama: abogado, ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Imputado por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Alejandro Gauto: abogado, ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud. Imputado por encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Marta Elena Gómez Flores: médica cirujana, con especialidad en Neonatología. Imputada por falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública.

María Alejandra Luján: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Adriana Luisa Moralez: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Claudia Elizabeth Ringhelheim: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública.

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