Oficial: el Gobierno declaró "sujeta a privatización" a Aerolíneas Argentinas

El Gobierno declaró como "sujeta a privatización" a la compañía aerocomercial Aerolíneas Argentinas, en medio del fuerte conflicto con los sindicatos por reclamos salariales. El Ejecutivo busca desprenderse de la aerolínea de bandera amparándose en el artículo 9° de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado menemista y la compañía podría volver a manos privadas.

De este modo, tras haber quedado fuera de la lista de empresas a privatizar en la Ley Bases, el oficialismo reflota así la idea de vender Aerolíneas Argentinas.

Con la firma del presidente Javier Milei, se publicó el Decreto 873/24 que le permite a la administración nacional dar el primer paso para desprenderse de la empresa estatal. Tras ello, se comunicará la declaración al Congreso de la Nación, el cual tendrá la última palabra en el proceso.

Entre los motivos que aduce el Gobierno en el decreto, señalan que el Tesoro Nacional "no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina".

Además, argumentan que "la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente".

El Gobierno también apuntó a la necesidad de adecuar la gestión de la empresa a los estándares del mercado global, señalando ejemplos como Air Canadá, Qantas y Lufthansa, que no cuentan con una participación significativa del Estado.

Además, el decreto subraya que, en un contexto de alta pobreza y crisis económica, los limitados recursos fiscales "deben destinarse a atender a los sectores más vulnerables".

El proceso de privatización se enmarca en los mecanismos previstos por la Ley N° 23.696, que contempla la venta de activos o acciones de la empresa. Según el decreto, se busca que Aerolíneas opere bajo criterios de eficiencia comercial, reduciendo la carga financiera sobre el Estado y promoviendo la competencia en el sector aéreo.