Redacción La NUEVA Mañana
Un colectivo de personalidades de la política, la Justicia, la academia, organizaciones civiles y del movimiento de Derechos Humanos, presentó este lunes formalmente un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei por mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos.
Como se sabe, la comisión de Juicio Político todavía no está constituida, después de la designación de Marcela Pagano a la cabeza, en una reunión que terminó en escándalo por el pedido de suspensión que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que desconoció a la autoridad que había sido elegida por mayoría. A partír del grave incidente, el bloque de La Libertad Avanza se psrtió en Diputados.
En un escrito de 25 páginas, firmaron la iniciativa el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel; la referente de Soberanxs y ex embajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro; el constitucionalista Eduardo Barcesat; el ex juez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista Claudio Lozano; el sociólogo y periodista Jorge Elbaum; y la investigadora Dora Barrancos.
También suscribieron el pedido de juicio político contra Milei (que ya tiene número de expediente) la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel; el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, y la ingeniera y referente del Movimiento La ciudad Somos Quienes La Habitamos María Eva Koutsovitis.
En la presentación, solicitaron que el Congreso de la Nación investigue tanto al Presidente como a otros funcionarios por los posibles delitos de: "Instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; la posible comisión del delito de apología del crimen".
También reclamaron que lo investiguen por "el delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público que tuvieron como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios así como también la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos".
Otros posibles delitos que le imputan y que pidieron que se investiguen en el marco del juicio político son "la malversación de caudales públicos, mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación", y otras "cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial".
Fuente: NA
