La medida se da en el marco del conflictivo inicio del ciclo lectivo, con disputas del Ejecutivo con los gremios y las provincias, el recorte del presupuesto educativo y la demora para la convocatoria a la paritaria nacional.
07/03/2024
Redacción La NUEVA Mañana
El Gobierno prorrogó la vigencia de un artículo de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo, que establece el envío de recursos coparticipables a las provincias, a través del Decreto 231/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
El documento oficial dispuso “el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación".
La medida se da en el marco del conflictivo inicio del ciclo lectivo, con disputas del Ejecutivo con los gremios y las provincias por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el recorte del presupuesto educativo y la demora para la convocatoria a la paritaria nacional, en la que aún no se alcanzó un acuerdo.
El referente de Ctera, Oscar Ruibal, dijo que “este decreto retrocede en cuanto a la decisión que había manifestado el Presidente sobre que la Nación no era corresponsable del sostenimiento financiero del sistema educativo nacional”.
En este sentido, dijo que los fondos se destinan a políticas de sostenimiento de infraestructura escolar, quinta hora, jornada extendida y material pedagógico. Además, destacó que Ctera pide que los 9 proyectos que existen en el Congreso para la restitución del Fonid “se unifiquen y se materialice la demanda de que continúe este fondo”.
El Gobierno explicó que ante la prórroga del Presupuesto 2023 para el actual Ejercicio, "resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional".
Al mismo tiempo, la norma recordó que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo fijaba por el plazo de 5 años "una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA". Una vez que se venció dicho plazo, se dispusieron sucesivas prórrogas con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector.
De acuerdo a lo que establece dicha ley, "el monto total anual de la afectación referida será equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto".
En el Decreto firmado por el presidente Javier Milei junto con todos los ministros, se argumentó que "la asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa".
Asimismo, el texto oficial indica que "la dilación en la aplicación de las disposiciones del artículo 7° de la Ley N° 26.075 impide la disponibilidad de recursos para los fines antes mencionados, afectándose en forma directa la situación económica de las Provincias y de la CABA, en particular en lo que hace al financiamiento del Sistema Educativo".
Además, al continuar fundamentando la medida, el Ejecutivo subrayó que "la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada".
La renovación en la vigencia de la normativa que establece el envío de fondos de Nación a las provincias se da en la previa de la reunión del Ejecutivo con los gobernadores por el Pacto de Mayo y significa un alivio para las arcas de los Estados provinciales en un contexto de recorte generalizado, que no escapa al ámbito educativo.
Fuente: NA
Tras asistir a una reunión en la Casa Rosada, Héctor Daer adelantó que actuarán "nuevamente en la Justicia" en contra de la ampliación de las actividades esenciales, que imposibilitan el reclamo de las y los trabajadores de diversos sectores.
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La Fundación ProTejer señaló que la consecuencia es el cierre de empresas y la pérdida de empleo en un sector que "opera en condiciones desfavorables", mientras compite con productos importados "favorecidos por la política económica".
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El Juzgado Federal número 2 de Mendoza, a cargo de Pablo Oscar Quirós, hizo lugar a una medida cautelar que había sido solicitada mediante un amparo colectivo, por personas y organizaciones de diversas provincias; entre ellas, Córdoba.
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