El mandatario, en un acto recordatorio de las víctimas del Holocausto, sostuvo una adhesión incondicional al gobierno israelí en el conflicto con Palestina, pero nada dijo de la obligación de respetar el derecho internacional humanitario.
Opinión 30/01/2024 Miguel Rodríguez Villafañe
En el conflicto de Medio Oriente, el terrorismo y la violencia irracional de cualquier tipo son inaceptables. De ninguna manera se puede ser indiferentes a la pérdida de vidas inocentes o a la degradación injusta de un futuro en dignidad de personas y pueblos, por actos de violencia irracional y menos que, ante hechos propios de crímenes de guerra, se los considere y justifique como meros daños colaterales, en aras de supuestos fines superiores.
El genocidio llevado a cabo por la Alemania nazi del Tercer Reich sometió, en particular, a los judíos y gitanos, a una larga noche en la que el hombre, a conciencia, se convirtió otra vez, en el lobo del hombre.
En su momento, Argentina pecó gravemente de omisión, cabe recordar, por ejemplo, que se solicitó que acojamos a 1.000 niños y niñas judíos del sur de Francia, cuyas vidas corrían peligro dada la invasión alemana a dicho país.
Por Decreto Nº 136.320 el presidente Ramón Castillo, de noviembre de 1942, los autorizó a ingresar. Pero, como lo recuerda Sima Weingarten, “comenzaron a surgir trabas burocráticas que dilataban y, por lo tanto, impedían llevar a cabo tal acción solidaria de salvataje de estos niños. Además, la prensa nacionalista dejó oír su violenta actitud antisemita… Los mil niños, finalmente, no fueron recibidos”, y dolorosamente, al no poder entrar a nuestro país, “fueron enviados a campos de exterminio”; (“Los mil niños judíos que no pudieron ingresar al país”, Nuestra Memoria - Año XII • Nº 27 • Junio de 2006, pág. 11).
Como juez federal de la Nación, el 13 de noviembre de 1987, dirigí el operativo policial, para concretar, personalmente, la detención del prófugo criminal nazi Joseph Franz Leo Schwammbereger, en la localidad de Huerta Grande, en la Provincia de Córdoba.
Al llegar a la casa donde entendíamos que se encontraba, detectamos estaba en una habitación del primer piso. Decidí subir solo a la habitación para proceder a detenerlo personalmente, aún, cuando la policía trataba de disuadirme que lo hiciera porque podría estar armado, insistí, ya que se trataba de un acto histórico, de un tremendo simbolismo moral.
Era la Argentina, ante el mundo, representada por un Juez constitucional en Democracia, que actuaba sin llevar armas, con la fuerza de los verdaderos valores democráticos y en defensa de derechos humanos fundamentales, el que procedía a detener, desde la ley, a quién se le imputaba haber cometido graves crímenes de lesa humanidad contra judíos, en el Holocausto nazi.
La Justicia de la ciudad de Stuttgart, de la República Federal de Alemania, lo requería. Luego, fue extraditado y ya en Alemania, Schwammberger fue juzgado y lo condenaron a cadena perpetua, con prisión efectiva. No hubo más impunidad para él.
De esa manera, triunfaba la civilización sobre la barbarie y como país, empezábamos a superar el estigma de haber sido refugio de criminales nazis, a los que se les había garantizado impunidad, ante la responsabilidad que les cabía asumir por sus hechos atroces cometidos.
A lo antes señalado, hay que sumar, que hace pocos años se pudo conocer la existencia, de la “Circular Nº 11” (Reservada y Estrictamente Confidencial) emitida por el canciller argentino José María Cantilo, el 12/07/1938, la que prohibía emitir visas a los refugiados judíos europeos. Esta norma secreta, en los hechos, llevó a la muerte a muchos judíos durante el nazismo, ya que no lograron emigrar a tiempo hacia Argentina y poder, de esa forma, salvar sus vidas.
El 8 junio de 2005, en un acto encabezado por el presidente Néstor Kirchner, el canciller argentino Rafael Bielsa firmó la derogación de la Circular, que se mantuvo oculta por sesenta y seis años.
Lo antes señalado fijó un rumbo valioso en nuestro país de respeto y afecto al pueblo judío, sin distinciones. Pueblo este, como bien se dice en la motivación del Museo del Holocausto “Yad Vashem”, existente en la ciudad de Jerusalén, nunca ha perseguido venganza, solo memoria de verdad y justicia. Es una visión desde el respeto moral a una humanidad integral y que se tenga memoria para que nunca más se toleren genocidios y/o graves crímenes de guerra o de lesa humanidad.
En esa perspectiva, también el país ha recibido y sumado, sin discriminaciones, a todas las personas del mundo que han querido habitar el suelo argentino, como reza nuestro Preámbulo.
Así nos enriquecimos con un crisol de razas que hoy nos hacen una patria pluricultural y pluriracial, en la que no se puede tolerar el antisemitismo como la indiferencia ante el sufrimiento inmerecido, injustificado e inaceptable del pueblo palestino. En Argentina tampoco puede aceptarse la islamofobia.
Lamentablemente, en un manejo interesado desde lo político y de medios de comunicación se ha buscado confundir las graves discrepancias que existen con el accionar del “gobierno del Estado de Israel” en el manejo del conflicto con el pueblo palestino, como si en ello se atacara al pueblo judío como tal.
A mediados de enero de este año, la ONU expresó que mujeres y niños son las principales víctimas de la guerra en Gaza, con alrededor de 16.000 muertes atento la ofensiva militar que lanzó Israel, en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre del año pasado.
En función de dicha situación, el 07/11/2023, la Cámara de Diputados de la Nación emitió, por unanimidad de todos los bloques políticos y con la firma de Milei, la Declaración Nº 711. En ella se expresó el “rechazo absoluto a toda forma de terrorismo y su respaldo al derecho a defensa del Estado de Israel”, pero se hizo una acotación fundamental, que esto último debía hacerse “en el marco del derecho internacional humanitario" o sea respetando los derechos humanos del pueblo palestino.
Sin embargo, el presidente Milei, el 26/01/2024, en su discurso con motivo del acto recordatorio de las víctimas del Holocausto, sostuvo una adhesión incondicional a la actuación del gobierno israelí en el conflicto en Palestina, pero nada dijo de la importancia de la obligación de llevar adelante el accionar de defensa de Israel, pero respetando el marco del derecho internacional humanitario, postura ésta que él mismo había suscripto como diputado en la declaración Nº 711.
Mientras tanto, la Corte Internacional de Justicia, máxima instancia judicial de Naciones Unidas, el mismo día, ordenó a Israel que autorice el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, en un dictamen histórico y obligó también a Israel a impedir cualquier posible acto de “genocidio” en el enclave palestino.
La política de respeto de los derechos humanos es una Política de Estado en Argentina, que no puede, ni debe resignarse en su vigencia integral y de ninguna manera, analizarse, en una visión parcial del conflicto, en favor sólo de un sector (el israelí) y negarla, por omisión, respecto del otro (el pueblo palestino y sus derechos).
(*) Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista cordobés, ex juez federal y periodista columnista de opinión
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