Redacción La NUEVA Mañana
El Gobierno buscará modificar la ley de movilidad jubilatoria, que actualmente ajusta los haberes de forma trimestral. Mientras tanto definirá aumentos por decreto, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía.
Tras los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, la propuesta deberá ser enviada al Congreso, ya que la fórmula de movilidad se rige por ley.
El vocero Adorni confirmó que el objetivo del Gobierno es que se suspenda la actualización automática trimestral y que los nuevos aumentos para las jubilaciones queden a discreción del Poder Ejecutivo.
Las breves explicaciones de Adorni fueron hechas durante una nueva conferencia de prensa caracterizada por las exageraciones y los calificativos. Por ejemplo, dijo que el ajuste se trata de medidas “necesarias e inevitables” para “evitar la catástrofe” de una hiperinflación “mucho más gravosa de lo que fue el del 89/90”.
La explicación para promover este cambio es que "el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y por tal motivo debe modificarse por incrementos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio y no a una fórmula prevista por ley", según consta una publicación de Infobae.
Más allá de que el pago de las jubilaciones impacta en las arcas del Tesoro y por esta razón Economía tiene un papel principal en esta propuesta, desde otros sectores oficiales no estarían de acuerdo con esta línea, consignó la agencia NA.
En caso que el Ministerio de Economía avance y envié el proyecto de ley al Congreso para eliminar el actual régimen de movilidad jubilatoria, el gobierno de Milei comenzaría a hacer lugar a un viejo reclamo del Fondo Monetario Internacional: ajustar el sistema previsional argentino.
La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios.
Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.
En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
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