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Desarrollan su trabajo en el programa provincial, aunque como monotributistas facturan mes a mes a la Universidad Nacional de Córdoba.
Córdoba12/10/2023Trabajadoras del equipo técnico del programa Salas Cuna, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, denunciaron la precarización laboral que padecen y reclaman por los bajos salarios que perciben, que no superan la línea de indigencia.
Este jueves, al mediodía, trabajadoras sociales que desarrollan tyareas en Salas Cuna, manifestaron reclamando por las condiciones de precarización en la que se encuentran desde 2016. Exigen el cese de la "tercerización" de su trabajo y la incorporación a planta permanente de todas las trabajadoras.
El equipo de profesionales tiene una relación laboral particular, que incluso se repite en otras dependencias provinciales, por caso Senaf.
Se trata de la modalidad "conveniados", una suerte de "tercerización" con otras instituciones (en el caso de las Salas Cuna con la Universidad Nacional de Córdoba), donde por su condición de monotributistas facturan a esas instituciones y no a la Provincia, desligándose el Estado de la relación de dependencia que de hecho existe con estos trabajadores.
La vocera del grupo de trabajadoras sociales, que en el programa Salas Cuna asciende a 40, dialogó con La Nueva Mañana.
Marta explicó que que son "varios los inconvenientes", con esta "precarización que viene desde que se implementó el programa en 2016".
La trabajadora social agregó: "Somos conveniadas, monotributistas. En nuestro caso, la institución que se presta para este convenio es la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, al estar tercerizadas les facturamos a la UNC y la Provincia elude la relación de dependencia".
En cuanto a la responsabilidad que le cabe a la UNC, Marta dijo que el equipo de trabajo se dirigió al rector de la Casa de Trejo y a la dependencia que se involucró en el convenio con la Provincia, la Secretaría de Extensión. "No obtuvimos respuestas y ahora el canal de diálogo lo tenemos con las autoridades del programa y el Ministerio de Desarrollo Social. Por 35 horas semanales facturamos la última vez 125.000 pesos".
Las trabajadoras sociales no cuentan con ART y otros derechos laborales como el pago de las cargas sociales por parte del empleador, ni qué hablar de que se contemple su antigüedad. "Trabajamos en territorios que suelen ser complejos, entonces también es una forma más de vulneración de derechos", señaló.
Y finalizó: "Tuvimos una instancia de discusión para el ajuste de nuestros ingresos; fueron acuerdos 'de palabra', mediante el cual se nos viene abonando una diferencia, de hecho nos deben parte de julio y agosto. El punto es que nos pagan esa diferencia a través de subsidios económicos que nosotras tenemos que gestionar en Ciudadano Digital. Es una irregularidad muy grande y nos afecta en términos personales, por ejemplo, compañeras que han querido o que habían accedido al Procrear o que quieren pedir un crédito, para todos esos trpamites nos perjudica estar recibiendo un subsidio".
Se trata de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, quien está acusado de coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. Hay otros policías y civiles involucrados.
Los policías, que formaban parte de la brigada de Cruz de Eje, fueron apartados y detenidos en octubre del año pasado. El Juzgado de Faltas Número 8 de Córdoba dictó entre 6 meses y tres años de prisión efectiva para los uniformados.
Un viernes de alto voltaje para el Gobierno, tras las detenciones ordenadas por la Justicia en una causa sobre asociación ilícita que vuelve a involucrar a la Policía de Córdoba. Entre los detenidos, además del jefe de la Caminera, hay otros policías acusados, abogados y civiles.
Este jueves en el Centro Cultural de la UNC, la asociación Con Voz presentó una guía con herramientas destinadas a crear y coordinar grupos de mujeres, con el objetivo de construir vidas libres de violencia de género. LNM dialogó con Ruth Ahrensburg, fundadora de la ONG cordobesa.
En el marco de las detenciones que sacuden a la Policía Caminera de Córdoba, el fiscal detalló que hay pruebas suficientes para confirmar que los efectivos “tenían acceso a antecedentes penales”.
La jornada de debate por los Derechos Humanos en contextos de encierro será el miércoles próximo. El informe expone datos sobre las condiciones de las cárceles de la provincia de Córdoba y el país.
Majul había sido detenida el martes cuando registraba en video el centenario quebracho que la Municipalidad de Villa Allende y la empresa Caminos de las Sierras se aprestaban a retirar de la avenida Padre Luchesse, para avanzar con una obra vial.
En total son nueve cursos de diferentes sectores como servicios sociales, producción alimentaria y administración de emprendimientos. Están destinados a personas que no cuenten con un trabajo estable.
Se trata de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, quien está acusado de coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. Hay otros policías y civiles involucrados.
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La agenda incluye diversas actividades orientadas al fortalecimiento del sector, con especial énfasis en la innovación tecnológica, los videojuegos y el desarrollo de redes de producción. El evento finaliza el domingo.