Redacción La NUEVA Mañana
Trabajadoras del equipo técnico del programa Salas Cuna, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, denunciaron la precarización laboral que padecen y reclaman por los bajos salarios que perciben, que no superan la línea de indigencia.
Este jueves, al mediodía, trabajadoras sociales que desarrollan tyareas en Salas Cuna, manifestaron reclamando por las condiciones de precarización en la que se encuentran desde 2016. Exigen el cese de la "tercerización" de su trabajo y la incorporación a planta permanente de todas las trabajadoras.
El equipo de profesionales tiene una relación laboral particular, que incluso se repite en otras dependencias provinciales, por caso Senaf.
Se trata de la modalidad "conveniados", una suerte de "tercerización" con otras instituciones (en el caso de las Salas Cuna con la Universidad Nacional de Córdoba), donde por su condición de monotributistas facturan a esas instituciones y no a la Provincia, desligándose el Estado de la relación de dependencia que de hecho existe con estos trabajadores.
La vocera del grupo de trabajadoras sociales, que en el programa Salas Cuna asciende a 40, dialogó con La Nueva Mañana.
Marta explicó que que son "varios los inconvenientes", con esta "precarización que viene desde que se implementó el programa en 2016".
La trabajadora social agregó: "Somos conveniadas, monotributistas. En nuestro caso, la institución que se presta para este convenio es la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, al estar tercerizadas les facturamos a la UNC y la Provincia elude la relación de dependencia".
En cuanto a la responsabilidad que le cabe a la UNC, Marta dijo que el equipo de trabajo se dirigió al rector de la Casa de Trejo y a la dependencia que se involucró en el convenio con la Provincia, la Secretaría de Extensión. "No obtuvimos respuestas y ahora el canal de diálogo lo tenemos con las autoridades del programa y el Ministerio de Desarrollo Social. Por 35 horas semanales facturamos la última vez 125.000 pesos".
Las trabajadoras sociales no cuentan con ART y otros derechos laborales como el pago de las cargas sociales por parte del empleador, ni qué hablar de que se contemple su antigüedad. "Trabajamos en territorios que suelen ser complejos, entonces también es una forma más de vulneración de derechos", señaló.
Y finalizó: "Tuvimos una instancia de discusión para el ajuste de nuestros ingresos; fueron acuerdos 'de palabra', mediante el cual se nos viene abonando una diferencia, de hecho nos deben parte de julio y agosto. El punto es que nos pagan esa diferencia a través de subsidios económicos que nosotras tenemos que gestionar en Ciudadano Digital. Es una irregularidad muy grande y nos afecta en términos personales, por ejemplo, compañeras que han querido o que habían accedido al Procrear o que quieren pedir un crédito, para todos esos trpamites nos perjudica estar recibiendo un subsidio".
