Redacción La NUEVA Mañana
El proceso de justicia por el crimen de Valentino Blas Correas (16), acribillado por la Policía de Córdoba el 6 de agosto del 2020, sumará un nuevo capítulo el próximo martes cuando comience el juicio contra Fernando Gabriel Cassalino, un empleado del Sanatorio Aconcagua que le negó atención al adolescente, quien fue llevado por sus amigos en gravísimo estado.
Tanto el imputado como dos empleadas del sanatorio ubicado en Nueva Córdoba impidieron que el adolescente sea atendido médicamente en ese establecimiento, y le dijeron a los jóvenes que lo llevaran al Hospital de Urgencias, donde nunca llegaron. De haberle brindado atención, tal vez Blas hoy podría estar con vida.
El fiscal Fernando López Villagra y el abogado José D'Antona, defensor de Cassalino, con conocimiento del querellante Alejandro Pérez Moreno, acordaron un juicio abreviado, el cual arrojaría en principio la condena de dos años y seis meses de prisión condicional para el ex empleado.
"Vamos a solicitar la pena de dos años y medio de prisión y todo esto, quiero aclarar, está en pleno este conocimiento el doctor Alejandro Pérez Moreno que es el querellante particular que representa tanto a Soledad Laciar como al padre del adolescente, que se llama Blas Correa”, dijo el fiscal a Radio Universidad a la vez que indicó que las partes se acogerán al artículo 414 del Código Procesal Penal.
Asimismo, D'Antona adelantó que su cliente aceptará la pena condicional de dos años y medio de prisión.
Las otras dos imputadas del sanatorio Aconcagua, María Laura Moya y Paola Andrea Mezzacapo ya fueron sobreseídas. Estaban acusadas por el delito de “omisión de auxilio”, y se las sobreseyó porque pagaron el máximo de la multa, más una indemnización que otorgaron en su momento a la familia del joven asesinado.
A la vez, el Pérez Moreno, sostuvo que “el imputado Cassalino reconoce lisa y llanamente el hecho, esto es, haber abandonado a su suerte a Blas”, y agregó que “desde la familia estamos siempre conformes cuando la justicia puede lograr con certeza que todo lo que hemos venido propiciando, denunciando, se ha ido concretando y este reconocimiento, por parte de esta persona, para nosotros es muy importante”.
“A nosotros nos satisface que se haga justicia por Blas más allá de las sanciones punitivas y si esta persona que tuvo un acto humanitario porque, más allá del abandono de persona, ayudó a cargarlo a Blas nuevamente al vehículo, nosotros estamos conformes con lo que la justicia determina”, dijo Pérez Moreno, agregando que “no así con la actitud de las otras dos personas (se refiere a Mezzacapo y Moya) que estaban imputadas y que abonando $12.500 cada una, se sacaron el lazo de encima sin siquiera -y nosotros se lo habíamos pedido formalmente- que al menos tuvieran un acto humanitario de pedir disculpas por lo que no habían hecho, que era precisamente la omisión de auxilio que se le imputaba”.
“No tuvieron en ningún momento un gesto de madre, humanitario de decir ‘pedimos disculpas, la verdad actuamos así …’ por el motivo que fuere”, concluyó Pérez Moreno en diálogo con Radio Universidad.
