Redacción La Nueva Mañana
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) decidieron acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en el marco del reclamo salarial y laboral que sostiene con el Gobierno.
"Tras ser notificada formalmente este martes 11 de abril por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la UEPC acató la conciliación obligatoria en el marco de la negociación salarial que viene llevando adelante con la Provincia", expresó brevemente la entidad gremial.
"La medida dictada por la cartera laboral deja en suspenso, a partir de este martes 11 de abril y por 15 días hábiles las acciones gremiales resueltas por la Asamblea Departamental este lunes 10 de abril", indicó finalmente UEPC. Cabe recordar que se había decretado un paro de 72 horas como forma de expresar el desacuerdo con la propuesta ofrecida por la Provincia, que incumple la totalidad de las demandas.
“No vamos a declinar ante ningún tipo de presión, y mantendremos las peticiones que dieron origen a
este conflicto esperando que los acuerdos que se alcancen sean superadores de las mismas", dijo Gerardo
Bernardi, Secretario General SADOP Seccional Córdoba.
"Seguimos reclamando por una mejora sustancial del salario docente en general y que posicione al
cargo inicial muy por encima de la línea de la pobreza, por el reconocimiento de la misma mejora para toda la
pirámide salarial", reclamaron. Además piden la devolución de los días de paro.
El secretario general de la UEPC, Juan Monserrat, opinó sobre la negociación paritaria. Respecto a la conciliación obligatoria, dijo que “el Gobierno Provincial está obligado a mejorar la última oferta y a no descontar días de paro. Tendremos que resolver el tema de los días descontados y, a su vez, la UEPC no puede aplicar medidas de fuerza”.
“Es necesario escucharnos, necesitamos debatir sin la tensión de que el gobierno nos esté castigando y que nosotros estamos dejando sin clases a los chicos como consecuencia de una decisión legítima de querer que nuestros salarios alcancen a cubrir los costos de los bienes básicos de existencias y pago de servicios”, agregó.
“Nuestra conducción tiene claro el mandato de ir por más, pero también que el respeto de las regulaciones no puede ser puesto en discusión porque ello implica, en última instancia, desconocer las normativas que protegen al trabajador y al derecho social a la educación, y eso es algo que no estamos dispuestos a hacer”, sumó.
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