Redacción La NUEVA Mañana
El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba escuchó los alegatos previos al fallo en el juicio a tres ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en 1979 durante la última dictadura. El veredicto será el 11 de abril, desde las 12.
La querella de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación pidió prisión perpetua para los tres represores acusados. El fiscal general Carlos Gonella, y el auxiliar Facundo Trotta pidieron 24 años de prisión para los tres acusados y solicitaron que se unifique con la prisión perpetua de la megacausa La Perla. Luego la audiencia continuó con el alegato la Defensora Pública Oficial, Natalia Bazán, quien pidió la absolución.
Como en todo el juicio, los represores, condenados por causas anteriores y en prisión domiciliaria, presenciaron la audiencia a través de un sistema digital desde sus hogares.
Los acusados Barreiro, Carlos Villanueva y Carlos Díaz afrontan cargos por "privación ilegítima de la libertad agravada", "imposición de tormentos agravados" e "imposición de tormentos agravados seguidos de muerte".
Las víctimas fueron José Jaime Blas García Vieyra, Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso (fallecido) y Rubén Amadeo 'Pocho' Palazzesi, quien murió luego de sesiones de tortura y fue carbonizado dentro de un auto, simulando un falso intento de fuga.
Durante el juicio dieron su testimonio en calidad de testigos Cristina Guillén, esposa de Palazzesi; su cuñada, Stella Maris Palazzesi, quien además es viuda de Cavigliasso; Silvio Octavio Viotti, hijo del propietario de la quinta donde se habrían perpetrado las torturas, y George Saadé, cuñado de Palazzesi.
La semana pasada testificaron Consuelo Orellano de Ardeti, esposa del desaparecido Enrique Ardeti y compañera de militancia de Palazzesi, y Marcelo Ardeti, hijo de la mujer y de Enrique.
García Vieyra, en calidad de testigo y víctima de la dictadura, también dio su testimonio ante el tribunal de enjuiciamiento que está integrado por los camaristas Julián Falcucci, María Noel Costa y José Fabián Asís.
La semana pasada se realizó una inspección judicial en la Quinta de Guiñazú, propiedad de la familia Viotti, que fue apropiada por las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Es considerada el último campo de concentración de Córdoba durante el gobierno de facto.
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