Redacción La Nueva Mañana
En Villa María, pese a la vigencia de la ley 27.610, la Fiscalía de Instrucción a cargo de Juliana Companys, detuvo a dos activistas socorristas por ser supuestas autoras del delito de “ejercicio ilegal de la medicina”. Además, detuvieron a una profesional de la medicina por ser supuesta autora del delito de “encubrimiento”.
Durante la tarde del martes 21, realizaron allanamientos en cuatro viviendas donde participaron personal de Cibercrimen de Policía Judicial, personal policial dependiente de la U.D.G.S. y de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia. En el lugar, les secuestraron “medicación, documentación varia y dinero”.
El abogado Sebastián Elia se constituyó como defensa de las activistas socorristas y ya presentaron recursos ante la jueza de control para exigir su libertad. Las activistas fueron detenidas luego de denuncias anónimas realizadas ante la Fiscalía.
“El escenario refleja una política criminal que persiste a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo es legal. El Estado tiene responsabilidades internacionales, debe dar explicaciones del hecho y liberar de inmediato a las detenidas”, dijeron desde Socorristas en Red.
Desde la organización, aclararon que las activistas permanecen detenidas y que “se las acusa injustamente de delitos excarcelables” por lo que exigen su inmediata liberación.
“Enmarcamos este acto de ofensiva judicial, violatorio de los derechos consagrados a dar y recibir información para el cuidado de la salud y una amenaza a los derechos democráticamente conseguidos y reafirmados en 2020 en la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto”, aclararon en un comunicado.
Con estas detenciones, “se criminaliza injustamente a quienes cuidan la salud de las personas que deciden abortar, que son quienes desde hace años colaboran brindando información y acompañamientos. Dar información y acompañar decisiones no es delito”.
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