Una nueva ola privatista que desmantela al Estado

Durante los dos años de gestión del gobierno de Cambiemos ocurrió un fenómeno poco mencionado en los medios de mayor alcance. Nos referimos a las primeras privatizaciones de diversos activos y recursos estatales, como así también diferentes regímenes que debilitan la presencia del Estado en sectores que anteriormente dirigía, posibilitando posteriores privatizaciones. A la liberalización de la obra pública, posibilitado por el nuevo régimen de contrato de participación público privada sancionado por el Congreso a fines del año pasado, se le suma la venta de activos energéticos, el desprendimiento de tierras del Ejército e inmuebles nacionales y una sospechosa desregulación del transporte aéreo de pasajeros que perjudica a la aerolínea de bandera.

En publicaciones anteriores alertamos sobre la privatización del sector energético mediante el decreto 822/17. El mismo estipula que la generación de energía eléctrica y térmica, como así también las actividades de distribución son labores “mayoritariamente desarrolladas por empresas privadas que cuentan con los recursos necesarios para garantizar una correcta operación y funcionamiento de las instalaciones, por lo que el involucramiento del Estado Nacional o Enarsa en carácter de accionistas de empresas dedicadas a dicha actividad no resulta necesario para garantizar la prestación del servicio”. De este modo el Estado reduce su presencia, control y dirección estratégica en diversas empresas del sector energético, afectando la situación de Enarsa, Ebisa y Dioxitek S.A. En consecuencia, el Estado deja de participar en ocho centrales eléctricas que quedarán íntegramente en manos privadas. De este modo pretenden recaudar más de mil millones de dólares.

Achicamiento del patrimonio estatal. Tierras del Ejército fueron subastadas

Habilitado por decreto presidencial, el Gobierno decidió poner a la venta 15.500 hectáreas en Mendoza y la provincia de Córdoba, propiedad del Ejército argentino. Se trata del campo militar ubicado en la localidad de Ordoñez, constituido por más de 8 mil hectáreas, y otras miles en el denominado Campo de Los Andes, perteneciente al cuartel militar ubicado en la localidad cuyana de Tunuyán. Esta enajenación de la propiedad pública en manos privadas se suma a las más de 30 mil hectáreas de las Fuerzas Armadas licitadas durante el año pasado en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.
De este modo, el Gobierno de Macri rompe el modelo que había desarrollado la gestión anterior para las tierras del Ejército. El mismo se había gestado en el año 2013 a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y consistía en que las tierras sean arrendadas y/o cultivadas por el mismo Estado. También, la Agencia de Administración de Bienes del Estado licitó distintos inmuebles ubicados en diferentes ciudades del país, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo uno de los más valiosos la sastrería militar ubicada en el barrio de Palermo, que fue adquirida por una empresa del desarrollismo inmobiliario en manos del israelí Ioram Amsel. Así mismo, el plan de subastas (posibilitado por los decretos: 952/2016, 1064/2016, 1173/2016 y 225/2017) consiste en desprenderse de más de ochenta inmuebles en el país y el extranjero. Dentro de las propiedades estatales fuera del país se destaca la residencia oficial de la embajada argentina en EEUU y distintas oficinas de la cancillería en Colombia. Lo cual hace que distintos diplomáticos argentinos deban recurrir al inquilinato.

Por otro lado, el nuevo régimen de inversiones en obras públicas reglamentado en noviembre del 2016 también genera las condiciones para que el Estado pierda soberanía en un sector tan sensible como la infraestructura. La ley 27328 permite en su artículo 19 que empresas privadas construyan y financien las obras para luego obtener los retornos mediante la explotación de la misma “para garantizar el repago del financiamiento necesario”. También se abre la puerta a la participación de capitales extranjeros, los cuales, en caso de conflicto, pueden dirimir juicios en tribunales internacionales-tal cual otorga el artículo 25-. Esta legislación allana el camino para que constructoras extranjeras hagan una ruta y luego se queden con la concesión del peaje. Es decir que, con la nuevo régimen, hay más posibilidades de que determinados activos y bienes estratégicos de la economía queden en manos privadas e internacionales.

Las low cost amenazan a la aerolínea de bandera

En este clima de achicamiento del patrimonio del Estado, las empresas de “bajo costo” desembarcan en la Argentina. La Administración Nacional de Aviación Civil aprobó 135 rutas aéreas para que sean usufructuadas por cinco líneas de las denominadas “low cost” (Alas del Sur, American Jet, Andes, Avian y Fly Bondi). Al igual que Ryanair, una de las empresas de “bajo costo” más fuertes de Europa, cuyo precio competitivo se debe, en parte, a distintos subsidios (recibe ocho millones de euros anuales del municipio de Girona para operar desde ese aeropuerto catalán), las que volarán por nuestro país también lo harán con fuertes subvenciones del sector público. Avian, firma colombiana que absorbió la empresa aérea de la familia del presidente-MacAir-, tiene un convenio con la gobernación de Tucumán para realizar vuelos de cabotaje y unir la ciudad de San Miguel con Perú y Chile, para lo cual el Estado provincial garantiza el 65% de la ocupación de cada uno de los vuelos que tocan suelo tucumano. En otras palabras, el gobierno tucumano le asegura la competitividad a la competencia de Aerolíneas Argentinas.

Otra de las compañías que pretende hacerse fuerte en este rubro es Flybondi. Una empresa sin experiencia fundada recién el año pasado cuyos principales inversionistas son dos compañías dedicadas a los negocios bursátiles, de acuerdo a la agencia Bloomberg. Cartesian Capital Group, una de las inversionistas, opera como una firma de administración de activos; mientras que Yamasa Co, la otra compañía detrás de “la primera low cost de Argentina”, tiene una cartera diversa que poco tiene que ver con la aeronavegación, se dedica a comerciar máquinas tragamonedas para casinos e invierte en sofisticados activos financieros. Esta empresa aérea hará base en Córdoba de la mano de diversas exenciones impositivas. Según Ricardo Sosa, ministro de Inversión y Financiamiento de la provincia, la empresa pagarán la mitad de la alícuota de Ingresos Brutos durante dos años y el 75% los tres años siguientes. También habrá subsidios por cada trabajo generado, la Provincia abona cuatro mil pesos por única vez por cada puesto y realiza un aporte equivalente al 20% del sueldo básico de un empleado de comercio por dos años (hoy, 3.200 pesos).

Por su parte, desde el Gobierno nacional están acondicionando las instalaciones de la Base Aérea de El Palomar para convertirlo en un aeropuerto mixto que cumpla con los requisitos necesarios para albergar vuelos civiles y militares. Las obras ya comenzaron y le costarán al Estado unos cuantos millones de dólares. Tanto funcionarios como los CEOs de las low cost estiman que para fines de enero las obras estarán finiquitadas, el aeropuerto acondicionado y presto a recibir pasajeros. Mientras tanto, el gobierno no solo otorga rutas a las low cost, también desregula el sector al no actualizar las tarifas mínimas que deben respetar todas las empresas aéreas, permitiendo que las nuevas empresas vendan pasajes por debajo del costo afectando a las aerolíneas tradicionales. Esta situación abre un interrogante respecto a qué sucederá con Aerolíneas Argentinas, puesto que competirá en desventaja con empresas que son acusadas de dumping en diversos mercados aéreos.

“Las rutas rentables en Argentina sólo son cinco”

Para esclarecer la situación de la aerolínea de bandera entrevistamos a un piloto cuya identidad preservaremos a pedido de la fuente. El entrevistado señala que la dinámica “low cost” es un fenómeno rentable de Europa y Asia, principalmente, porque allá se conjugan una serie de factores: distancias relativamente cortas, mucha infraestructura, más de un aeropuerto por ciudad y cientos de millones de pasajeros.
Factores inexistentes acá, “donde las rutas rentables no son más que cinco, todas desde Buenos Aires”. Estas empresas son competitivas en grandes mercados de pasajeros, en donde venden boletos baratos y en gran cantidad. Por caso, sólo España cuenta con 175 millones de pasajeros anuales, mientras que en Argentina hay un mercado de 18 millones. “Más allá del motivo de estas nuevas empresas, que se desconoce, disputarán a Aerolíneas Argentinas que traslada al 80% de los pasajeros del país”.
Nuestra fuente advierte que tomó a todos por sorpresa la decisión de levantar la ruta Buenos Aires/ Barcelona ya que no había motivos objetivos para hacerlo, puesto que era una ruta muy rentable, donde los vuelos tenían “más del 90% de ocupación”. De igual modo hay rumores de que levantarían las rutas de Roma y Nueva York, aunque no es información oficial.

¿Negocio o lavado?

Entonces, cuál es el negocio de estas empresas d e bajo costo y mala reputación en el rubro, que son la excepción y no la regla en los mercados de transporte aéreo de todo el mundo, con un formato que solo opera con alta rentabilidad en Europa y parte de Asia; ¿vienen a lavar dinero?¿son sólo estrategias de grupos que administran acciones y pretenden usar las aerolíneas para respaldar sus activos bursátiles?¿o vienen por nuestra aerolínea de bandera con la anuencia de una gobierno que tiene vocación privatista?

Estas primeras privatizaciones, algunas efectivas y otras potenciales (posibilitadas por cambios en el andamiaje jurídico o la desregulación del Estado), presentan fuertes diferencias respecto a la etapa privatizadora de los noventa. En aquel momento las privatizaciones tuvieron lugar para restablecer el pago de los servicios de la deuda externa además de permitir el pago del capital, luego de la presión de los acreedores (Club de París, FMI, Banco Mundial), situación en la que aún no nos encontramos.

Con Cambiemos, si bien hay un endeudamiento criticado por economistas de distinta tendencia y una fuerte valorización financiera interna por las altas tasas de las Lebacs, no habría motivos objetivos para que el Estado se desprenda de bienes y genere las condiciones propicias para privatizar tantos otros sectores.
Todo pareciera indicar que estas decisiones forman parte del verdadero motivo por el cual los CEOs irrumpieron en la esfera política del país. De profundizarse esta nueva ola privatista, la situación sería muy perjudicial para las mayorías nacionales, puesto que se estarían enajenando los restos que quedaron de los modelos de Martínez de Hoz y Cavallo, o sobre lo poco que pudo recuperar el modelo neodesarrollista durante la década pasada.

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