Lucia Ceresole
Obtuvo dictamen favorable el proyecto de ley de respuesta integral a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Hepatitis Virales, Tuberculosis (TBC) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Fue aprobado por las comisiones de Acción Social, Salud Pública y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El oficialismo lo incluyó en el temario de una sesión especial solicitada para el jueves.
Gonzalo Valverde es activista con VIH y participó en la redacción del proyecto como parte de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) en el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. En diálogo con La Nueva Mañana, contó acerca de la ley, los principales puntos debatidos en Diputados y la situación en Córdoba.
La particularidad del proyecto es que surge de la sociedad civil en 2014 con organizaciones y redes de personas con VIH a través de foros, talleres y espacios de debate. Ya había sido presentado en 2016, 2018, 2020 y en todas perdió estado parlamentario. Este año se presentó con algunas modificaciones y recibió el acompañamiento de más de 60 diputados y senadores de distintos bloques.
Uno de los puntos que contempla el proyecto es la baja de la edad jubilatoria a 50 años para personas con VIH y Hepatitis Virales y fue uno de los temas más debatidos entre los diputados.
“El envejecimiento prematuro es por el tratamiento retroviral y por la misma realidad de estas personas. El debate demuestra que hay argumentos que usan ciertos sectores que no conocen la realidad o que no saben lo que genera la medicación a largo plazo o como son nuestras realidades”, dijo Valverde.
Otro de los aspectos más debatidos del proyecto fue la prohibición de los test de VIH en los pre-ocupacionales en espacios laborales (situación que ya está establecida en la resolución 270/2015 del Ministerio de Trabajo que lo prohíbe).
Al respecto, el activista expresó: “vamos a seguir defendiendo la prohibición de los test, la prohibición de despidos y suspensiones. Esperamos tener un 2023 con una nueva ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis (TBC) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)”.
Según explicó Valverde, el proyecto de ley busca actualizar la Ley Nacional del Sida que data del año 1990. Y tiene como principal objetivo cambiar la mirada en cómo se responde al VIH, las hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual.
“Implica salir de una mirada biomédica centrada solamente en el testeo y tratamiento para analizar las problemáticas y situaciones sociales de personas con VIH, hepatitis, tuberculosis o con ITS. Esta mirada social está ligada al estigma, la discriminación y la vulneración de derechos por eso incluye derechos para estas comunidades”, expresó.
Entre los artículos del proyecto, buscan garantizar el acceso al trabajo, prohibir la realización de test de VIH en los pre-ocupacionales, abordar la situación de mujeres con VIH y la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral.
“Otro de los puntos es que las políticas públicas tienen que ser en diálogo y de forma articulada con la sociedad civil. Por eso proponemos la conformación de una Comisión Nacional de Respuesta al VIH, donde la sociedad civil forme parte del diseño y monitoreo de políticas públicas”, sumó.
Al analizar la situación local, Valverde explicó que hay una “buena respuesta en términos biomédicos” de parte del estado provincial y municipal. De este modo, mencionó que se garantiza el acceso al tratamiento en el sistema público.
“Hubo diálogo con el programa provincial para ver en pandemia como acompañamos y llevamos medicación en el interior. El problema central es en torno a las obras sociales que no garantizan el acceso al tratamiento o ponen límites”.
En este punto, también aclaró que hay denuncias por la realización de test de VIH o pedidos de estados serológicos en espacios laborales.
Sobre lo que falta, el activista señaló la “implementación de la Educación Sexual Integral, falta mucho en lo que es informar a la sociedad en general. La principal falla es en torno al estigma y la discriminación social por eso la ESI es una herramienta, pero también hay que tener políticas públicas que se construyan en diálogo con la sociedad civil”.
El proyecto de ley ya obtuvo la adhesión de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Provincial de Córdoba.
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