El Gobierno nacional dispuso este miércoles prorrogar la exención del 100% del pago de contribuciones patronales a los empleadores que hayan accedido al programa Repro II, así como la extensión de la rebaja de las mismas para la contratación de nuevos trabajadores en las provincias del norte del país.
El Decreto 899/2021 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, estableció la prorroga del Decreto 323 del último mes de mayo (dispuesto en un contexto de agravamiento de la situación epidemiológica durante la segunda ola del coronavirus), por el cual se establece una reducción del 100% de las contribuciones patronales para los empleadores que ingresaron al programa Repro II.
De esta forma, los empleadores quedarán eximidos del pago de las contribuciones hasta el 30 de junio de 2022, en lugar de la fecha original del 31 de diciembre de este año.
El Gobierno fundamentó la disposición de extender el beneficio para "no afectar la sustentabilidad económica de las unidades productivas" y "preservar el nivel de trabajo registrado".
Del mismo modo, también se prorroga hasta el 30 de junio de 2022 el decreto 191 del último mes de marzo, en el cual se estableció una rebaja gradual y temporaria de las contribuciones patronales para las nuevas contrataciones durante los tres primeros años de la existencia de la relación laboral.
Esta última medida comprende a sectores económicos determinados orientados a la producción de bienes de ocho provincias del norte del país incluyendo a Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
En ambos casos, el tratamiento diferencial será financiado con aportes del Tesoro Nacional, con el objetivo de asegurar la sustentabilidad económica y financiera del Sistema Previsional Argentino, aclara el decreto.
El Programa de Reactivación Productiva II (Repro II), creado en noviembre del 2020, sustituyó al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y posee el objetivo de sostener el empleo en sectores con dificultades económicas a causa de la crisis del Coronavirus.
A través del mismo, el Estado nacional paga una suma de dinero individual y fija a los trabajadores, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y empleadoras adheridos al programa.
La suma aportada por el Estado asciende a un máximo de $22.000 para los empleados de las empresas de sectores críticos y de salud, y de $9.000 para los sectores afectados no críticos.
La inscripción al programa es mensual, se realiza a través de la web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se deberá cumplir con una serie de criterios de preselección y selección para acceder al beneficio, entre los cuales se encuentran la variación porcentual de la facturación, la liquidez corriente y el endeudamiento de la empresa.
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