El Gobierno nacional busca restringir el número de empleados públicos

El ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, anticipó que desde el Poder Ejecutivo se trabaja en un proyecto de ley que busca “no aumentar” la planta de trabajadores estatales por un período determinado.

Así lo manifestó en el Centro Cultural Kirchner, donde se realiza el Encuentro Regional para las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto en la ciudad de Buenos Aires.

El funcionario manifestó que restringir el ingreso de nuevos empleados públicos mediante el congelamiento de las vacantes por un periodo determinado, posibilitará fomentar un sistema de ingresos por concursos y por méritos. 

A su ves, desmintieron posibles despidos masivos. "De ninguna manera habrá una ola de despidos masivos", manifestó Ibarra. No obstante, se prevé ofrecer "retiros voluntarios". 

En consonancia con el evento en el cual el ministro dio a conocer las intenciones del Poder Ejecutivo, el presidente Mauricio Macri manifestó que hace falta un Estado “que rinda cuentas” y “que eche luz a recovecos oscuros que dan lugar a prácticas oscuras”.

“El proyecto de ley está incluido en el Consenso Fiscal con todas las provincias”, comunicó una alta fuente al diario La Nación en su portal web.

Asimismo, este punto fue tratado en la ley de Responsabilidad Fiscal donde se explicita que el Gobierno como las provincias “se comprometen a no incrementar la relación de cargos, respecto a la población proyectada por el Indec”.

Según informó Hoy Día Córdoba en su edición de este miércoles, se estima que a nivel nacional hay 3.000 cargos políticos, entre coordinadores, directores, directores nacionales, subsecretarios, secretarios y ministros).

Macrí prevé recortar esa estructura entre un 15 y 20%, es decir, esto representaría un total de 600 cargos políticos para el 2018.

Finalmente, el presidente instó en avanzar sobre políticas de “Gobierno Abierto” y “Gobierno digital”. Cada distrito tiene que ofrecer los mecanismos y herramientas necesarias para acceder a los datos públicos y así garantizar la rendición de cuentas.