El pasado jueves se realizó en el Sindicato de Camioneros ubicado en la localidad de Casa Grande, el Congreso de Delegaciones Regionales de a CGT de la provincia de Córdoba, organizado por las delegaciones de CGT de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, Bell Ville, San Francisco, Cruz del Eje y Tercero Arriba/ Calamuchita.
En la oportunidad, participaron 85 organizaciones sindicales y más de 200 delegados de toda la provincia, representantes de trabajadores formales, de la economía popular y de los que realizan actividades "ultra precarizadas como los trabajadores de delivery".
Durante el congreso se debatió y aprobó un documento que fija posición frente a los proyectos de eliminación de la indemnización por despido incausado, reforma laboral, ataque a las organizaciones sindicales, a las obras sociales y al modelo sindical argentino y reclamar a todos los espacios políticos que se definen como populares una clara definición en contra de estos proyectos.
Finalmente, se resolvió convocar a una Jornada de movilización para el viernes 15 de octubre.
El documento aprobado repudió la iniciativa impulsada por el senador nacional por el PRO Martín Lousteau en la Cámara de Senadores, proponiendo eliminar la indemnización por despido incausado, y del diputado Héctor Stefani, del PRO, con otro proyecto similar, respaldado por otros representantes de la "derecha".
También muestra preocupación por otros proyectos "contra los trabajadores/as, impulsando, por ejemplo, la eliminación de la obligación patronal de retener la cuota sindical; un nuevo intento por imponer la vieja y conocida “reforma laboral” y un nuevo embate en el ataque contra el modelo sindical argentino".
Además, hace hincapié en el crecimiento de "formas precarias de contratación" estatal como las llamadas "becas" o el "voluntariado, por el cual se hace trabajar gratis a una persona con la promesa de que en futuro próximo se lo contratará".
"Niegan a los trabajadores no permanentes el pago de aguinaldo, salario familiar, horas extras, adicionales y suplementos, con sueldos miserables de entre $10.000 y $15.000 trabajando feriados y asuetos, sin obra social, seguro de vida ni seguro por accidente de trabajo. Si el estado actúa así, ¿qué se puede esperar de los empresarios del sector privado?", expresa el documento aprobado.
Este es el texto completo:
