La legisladora Nadia Fernández del Bloque Hacemos por Córdoba, propuso un proyecto de Ley con el objetivo de que los y las abogadas tanto como los procuradores y procuradoras de la provincia cuenten con un régimen de licencias, ya que no existe legislación en la materia.
Explicó Fernández: “Buscamos establecer un régimen de licencias para garantizar el derecho humano fundamental a ejercer su trabajo en forma digna a los abogados, abogadas, procuradores y procuradoras de toda la Provincia”.
Lo planteado viene a llenar una laguna normativa en la materia y va en consonancia con la legislación de otras provincias, que ya lo receptan, tales como Entre Ríos, Tucumán y Salta.
La legisladora agregó que: “Estos profesionales son auxiliares de la justicia y asumen un compromiso de presencia full time que en la realidad, por los avatares de la vida es imposible de cumplir. Ello en muchos casos puede perjudicarlos comprometiendo su dignidad humana y su salud psíquica y física; como así también a las partes y en definitiva a la propia administración de justicia”.
El proyecto de ley comprende licencias por razones particulares, por accidente, enfermedad inhabilitante o fallecimiento de familiares, maternidad y paternidad y por violencia de género. Esta último en concordancia con lo dispuesto por la Ley Provincial 10.318 del año 2.015, la cual prevé que los agentes dependientes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, centralizados y descentralizados, pueden gozar de una licencia de hasta un máximo de 30 días por año calendario, renovables una sola vez por excepción, por motivos de violencia.
“Incluimos en el proyecto la licencia que acompaña en tres tipos de violencias: familiar o doméstica -casos contemplados por la Ley 9.283-, de género (en el marco de la Ley Nacional de Identidad de Géneros 36.743) o contra la mujer -principal flagelo que atraviesa a la sociedad tipificadas por la Ley 26.485-”, aclaró la legisladora.
Nadia Fernández enfatizó: “El proyecto tuvo especial cuidado en que el uso del derecho a licencias no sea desvirtuado en la práctica y se utilice para ´chicanear´ o dilatar los procesos; para lo cual se estableció un sistema especial y pormenorizado de cómputo de plazos y sanciones disciplinarias por su uso indebido”.
Finalmente, expresó: “La redacción de esta iniciativa contó con la importante colaboración de miembros de la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba”.
