Organizaciones chilenas e internacionales y el ex juez español Baltasar Garzón presentaron este jueves ante la Corte Penal Internacional (CPI) una acusación contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por su Gobierno durante las protestas que sacudieron al país a finales de 2019, informó la prensa local.
"Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y otras organizaciones enviaron hoy un escrito a la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), la abogada Fatou Bensouda, en la ciudad holandesa de La Haya para que el tribunal investigue, acuse e inicie un juicio al presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos desde octubre de 2019", reportó el medio Centro de Investigación Periodística (Ciper).
El documento presentado pide enjuiciar a Piñera y a todos los funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la represión de las protestas de hace un año y medio por considerar que cometieron de manera generalizada y sistemática crímenes de lesa humanidad.
Según los denunciantes, la Justicia chilena archivó más de 3.000 causas de violaciones a los derechos humanos sin investigación, lo que a su juicio "pone de manifiesto la impunidad que se vive en Chile".
"Los casos son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito, en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la CPI y, en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final", sostuvieron los denunciantes ante La Haya.
La CPI no tiene plazos para decidir si admite la acusación con lo que cual es poco probable una respuesta pronta.
En octubre de 2019, una ola de protestas puso en jaque al Gobierno de Piñera, que reprimió duramente a los manifestantes y dejó una treintena de muertos, 460 personas con lesiones oculares y más de 8.800 denuncias por "delitos cometidos por agentes del Estado", según un reporte de la Fiscalía Nacional.
Estas denuncias fueron confirmadas por informes de la Organización de las Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, según la agencia de noticias rusa Sputnik.
