Siempre resulta tentador decirles a los demás que nuestros males lo reconocen como fuente; así nos despegamos de nuestra propia responsabilidad, cargamos al de enfrente con la mochila de la frustración, la derrota y la vergüenza.
Cuando Chernobyl llegó a la Argentina en forma de corrupción
El escándalo por la leche en mal estado del Plan Nacional de Salud Materno Infantil de 1992 y sus conexiones con el estallido nuclear en la ex Unión Soviética.
País 24/04/2021 Pablo Tallón (*)Casi 13 mil kilómetros separan a la ex central de Chernobyl de la Argentina. Sin embargo, la planta energética, de cuyo trágico fin se cumplen 35 años este lunes, tiene un vínculo por el país, ya que uno de los escándalos de corrupción más recordados de la gestión de Carlos Menem tuvo rastros de contaminación nuclear.
Por más lejana que parezca la historia de aquel acontecimiento ocurrido en la ex Unión Soviética, la explosión de la central nuclear "Vladímir Ilich Lenin" tuvo un curioso impacto en el país años más tarde, puntualmente en 1992.
Un año antes, en 1991, el Gobierno del riojano lanzó un licitación para comprar 2 millones de kilos de leche en polvo para paliar las necesidades de la gente en situación de pobreza, puntualmente de los recién nacidos: ése fue el "Plan Nacional de Salud Materno Infantil".
El proceso tuvo un solo oferente, la firma Summum, propiedad del asesor presidencial Carlos Spadone. Jorgiano era la marca de la leche distribuida, principalmente en el Conurbano bonaerense. El descubrimiento de que había grandes colonias de la bacteria Escherichia coli hizo que el Gobierno debiera salir desesperadamente a retirar el producto de las calles.
El producto era en un 90 por ciento importado de países europeos como Alemania, Francia, Bélgica e Irlanda, que cinco años antes se había visto invadida por una nube radiactiva por los gases emanados durante la explosión de Chernobyl.
En marzo de 1992, la organización ambientalista Greenpeace contactó a la física nuclear Patricia Massolo y le hizo llegar muestras de leche en polvo marca Jorgiano que el Estado había comprado a la firma de Spadone: las características macroscópicas evidenciaban que no estaba en buen estado y se sospechaba que podría ser una mezcla de leches adquiridas por el empresario a muy bajo precio a países afectados por desechos de la explosión de Chernobyl.
Tras compararla con una leche local, la científica y su equipo detectaron la presencia del más pesado de los metales alcalinos de la tabla periódica: Cesio.
Cesio-137 y Cesio-134 fueron hallados en la leche Jorgiano, en proporciones que coincidían con las que debía esperarse si se hubieran producido en la Central de Chernobyl en una fecha coincidente con la explosión.
Las serias implicancias de las conclusiones que arrojaban estos estudios, realizados entre junio y octubre de 1992, motivaron a que Massolo pidiera ayuda a sus colegas europeos para una verificación de los resultados: la física llevó muestras de la leche adulterada a Holanda, al Kernfysisch Versneller Instituut de la Universidad de Groninger, donde las conclusiones fueron confirmadas poco tiempo después.
La científica falleció un año después, producto de un cáncer de estómago: Spadone vio cómo prescribió la causa en 2005, así como previamente había cobrado un resarcimiento de un millón de dólares, debido a que en 1996 el Ministerio de Salud había llegado a la conclusión de que la leche no tenía "aptitud suficiente para dañar o perjudicar en su salud a cualquier persona" y que no se había comprobado la intoxicación. Sin embargo, la Argentina no fue el único país americano que tuvo contacto con Chernobyl a través de la corrupción en la compra de leche radiactiva.
En 1987, México compró a través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) 28 mil toneladas métricas de leche en polvo a Irlanda. Lo mismo pasó en Brasil, aunque la situación también se vio en la carne vacuna y porcina importada desde Europa.
Un mes después de la explosión de la central soviética, el 30 de mayo de 1986, la Comunidad Económica Europea (CEE) había establecido la norma de "grado máximo de contaminación radiactiva permisible en alimentos". Pero los organismos internacionales que intervinieron en este asunto, al igual que los países directamente afectados en Europa por este accidente, no dieron aviso a los países de América sobre las medidas a adoptar sobre todo en materia de control de los alimentos que estaban importando del continente europeo. Ese detalle fue aprovechado por gobiernos y empresarios, que hicieron sus negocios a costa de la salud de la población.
(*) Agencia Noticias Argentinas
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