Representantes del Gobierno nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirán este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia en una audiencia de conciliación a raíz del pleito que inició la administración porteña por el redireccionamiento de fondos nacionales dispuesto por el Ejecutivo nacional.
En el encuentro estarán los abogados de las partes y el encargado de esa área del máximo tribunal.
Los representantes de ambas administraciones expondrán sus posturas en la causa iniciada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en rechazo a la decisión del presidente Alberto Fernández de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad.
Esa medida fue respaldada por el Congreso que el año pasado sancionó la ley que eliminó ese excedente de recursos que el expresidente Mauricio Macri le había cedido, por decreto, a Rodríguez Larreta en el 2016.
Ahora, el Gobierno nacional tendrá dos meses para responder a los argumentos planteados ante la Corte Suprema por la administración porteña.
La audiencia fue convocada en base al inciso 2 del artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según el cual el Poder Judicial puede "intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos".
Ese artículo establece además que en cualquier momento "podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación".
Asimismo, el Poder Judicial tiene la facultad de "proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria".
El conflicto se remonta a septiembre del año pasado, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte una demanda, que "promueve una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar" en relación a la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.
Ese aumento en el porcentaje había sido asignado a la Ciudad en 2016 por Macri, vía decreto, para financiar los costos del traspaso de la Policía Federal.
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