Además, en el territorio colombiano se registraron 76 masacres durante el año pasado, donde murieron 292 personas, según informó el Consejo de DD.HH. de las Naciones Unidas.
Mundo 26/02/2021
Esta semana fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), un crudo documento sobre la situación de seguridad en Colombia. Se trata del informe anual de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que mapeó lo que ocurre en las regiones del país durante el año 2020, en medio de la pandemia de Covid-19.
El hallazgo más revelador de ese documento es que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, en Colombia ocurrieron al menos 76 masacres, en las que fueron asesinadas 292 personas, entre ellas 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 personas afrodescendientes. Según esas cifras, 2020 registró la cifra más alta de masacres desde 2014. Además, otros cinco casos están en verificación por parte de esa oficina.
En este sentido, la representante de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, reveló que 133 defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en Colombia en el año 2020. Además, indicó que en total se presentaron 795 amenazas a líderes sociales y 292 personas murieron en 76 masacres ocurridas en diversos puntos de la geografía nacional.
También señaló que se presentaron 94 eventos de desplazamiento forzado masivo que produjeron más de 25.000 víctimas. “El informe resalta una preocupación por la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” expresó la representante De Rivero.
Según el informe, los departamentos con mayor número de hechos victimizantes en materia de Derechos Humanos fueron Antioquia, Cauca, así como el Chocó. De Rivero también se refirió a los avances de la justicia transicional producto del Acuerdo de Paz y rescató sus avances. También criticó los ataques a la JEP debido a sus recientes resultados y el intento del Centro Democrático por derogarla o modificarla.
“Nos preocupan las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia de estas instituciones y de las personas que hacen parte poniéndolas en riesgo. La abolición propuesta de la JEP en reformas legislativas presentadas en el Congreso constituye una seria amenaza”, expresó De Rivero.
La representante de la ONU para los derechos humanos asimismo indicó en su reporte que 73 excombatientes de las Farc fueron ultimados el año pasado, elevando a 248 el número de exguerrilleros asesinados después de la firma del Proceso de Paz.
A su vez, el reporte incluyó las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que en 2020 registró 94 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 25.366 personas. Del total de esos eventos, el 76% ocurrió apenas en tres departamentos: Antioquia, Chocó y Nariño. Además de esos departamentos, dice el documento, la violencia se ha recrudecido en Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Valle del Cauca, particularmente en territorios donde habitan pueblos afro, indígenas y campesinos.
“En las misiones realizadas por la oficina se observó el estado de desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos en estas localidades. Muchos de estas poblaciones han compartido con la oficina su sentimiento de zozobra y miedo frente a esta situación”, dijo De Rivero.
La representante De Rivero se refirió además a uno de los puntos que mayores desencuentros ha generado entre el gobierno Duque y las plataformas de Derechos Humanos, en estos dos años y medio de mandato. Sostuvo que el informe evidencia “la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”, y reiteró la urgencia de que esa política sea adoptada a través de la Comisión de Garantías de Seguridad, que el Acuerdo de Paz creó en el punto 3 para ese fin.
Pero, además, el documento incluyó los casos de violaciones a Derechos Humanos en los que los presuntos responsables son miembros de la misma Fuerza Pública. Según reportó, se trata de 42 casos en los que 73 personas fueron asesinadas. De esos, la Policía está implicada en 30 casos que dejaron 37 víctimas y el Ejército en 11 casos, con 13 víctimas. El otro caso es el de lo ocurrido en la noche del 21 de marzo de 2020 al interior de la cárcel La Modelo, en Bogotá, hechos en los que las autoridades penitenciarias habrían sido presuntamente responsables de la muerte de 23 personas.
Fuentes: Informe de Naciones Unidas y portal de noticias Nodal
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