El Concejo Deliberante aprobó este martes el Presupuesto que regirá para la administración municipal 2021, en la misma sesión en la que (como se hace habitualmente) se avanzó con la aprobación en la segunda lectura de la ordenanza Tarifaria y el Código Tributario.
Las ordenanzas se aprobaron con el voto del bloque oficialista y el acompañamiento, en general, del representante de Encuentro Vecinal Córdoba, Juan Pablo Quinteros. El resto de los concejales votaron en contra, aunque dos concejalas de Córdoba Cambia decidieron abstenerse.
En números generales, el 2021 se prevé con ingresos por $57 mil millones y gastos por $60 mil millones, con un déficit del 5%. En rigor, el primer artículo de la ordenanza de Presupuesto publicada en el sitio web del Concejo Deliberante durante la inscripción a la audiencia pública establece un gasto total para el 2021 de $60.072.692.771, con ingresos por $57.084.248.842. Es decir, un déficit de $2.988.443.929 en la caja y la posibilidad de emitir letras del Tesoro por hasta 60 millones de dólares.
El proyecto aprobado implica, entre otras cuestiones una suba efectiva en el gasto de personal y aumentos en las tasas municipales, principalmente para Comercio, Industria y Automotores. De hecho, el Código Tributario Municipal y la Ordenanza Tarifaria Anual del 2021 establecen un aumento en el Inmobiliario del 25% para lotes edificados y del 40% para sitios baldíos, como así también la actualización de las alícuotas para el impuesto automotor que se realizará por las valuaciones de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, con un tope de 50% en las categorías. Es decir, se prevé una recaudación del 27% más por el Inmobiliario y del 29% más por automotores y comercio e industria respecto a este año.
En la sesión de este martes también se aprobó la iniciativa oficial para aumentar las multas para las fiestas clandestinas que se desarrollen en la Capital provincial. En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que la realización de este tipo de reuniones de forma ''clandestina", implica la imposibilidad absoluta de control por parte del Estado municipal.
La norma, que la aplicación de multas que van de 180 a nueve mil Unidades Económicas Municipales, no sólo apunta a los organizadores que las fiestas sino que también se contemplan multas a los dueños de los inmuebles y terrenos en los que se desarrollan estos eventos clandestinos.
