En medio de la tensión con la Corte Suprema, el Gobierno finalmente no participó este jueves de la reunión que convocó el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, para avanzar en la coordinación del trabajo en los juicios por delitos de lesa humanidad, mientras que tampoco concurrió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien había solicitado el encuentro.
A la reunión no asistieron la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco y el juez de la Cámara Federal de Casación Alejandro Slokar, como tampoco Carlotto y otros representantes de organismos de derechos humanos.
Mediante una carta, Losardo y Pietragalla que difundieron avisaron que no iban a participar de la reunión convocada para las 15 en Tribunales por considerar que se trató de una invitación "oportunista".
El faltazo de los funcionarios de la gestión de Alberto Fernández sumó mayor tensión con la Corte, en momentos en que sigue escalando el conflicto con el máximo tribunal, luego de que aceptara el per saltum solicitado por los tres jueces que el oficialismo busca desplazar luego de sus traslados "a dedo" durante el macrismo, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
En ese marco, la diputada kirchnerista Vanesa Siley, además, pidió un juicio político para Rosenkrantz. "La repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista", afirmaron los funcionarios en la misiva enviada a Rosenkrantz.
Losardo y Pietragalla consideraron que en los últimos cuatro años "el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso", y subrayaron que "no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el país pueda funcionar de modo adecuado".
El objetivo de la convocatoria de la Corte al encuentro de la denominada "Comisión Interpoderes" era el de coordinar el trabajo en los juicios por delitos de lesa humanidad, ya que algunos se atrasaron debido a las limitaciones que impuso el aislamiento por la pandemia.
Pese a las ausencias, la reunión igual se llevó a cabo y durante la misma Rosenkrantz destacó que la invitación no fue "oportunista" y que no fue a título personal, sino en nombre de toda la Corte, según trascendió.
Formaron parte de la misma, de manera virtual, el procurador general de la Nación Eduardo Casal; la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos; los jueces Angela Ledesma y Gustavo Hornos, de la Cámara Federal de Casación; el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones; Diego Morales, por el CELS y el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sebastián Salvador, además de representantes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y de la Defensoría General de la Nación.
El CELS planteó en la reunión agilizar la revisión de sentencias y que instruya a los Tribunales Orales Federales para que prioricen los juicios de lesa humanidad y a la Procuración le reclamó mas personal para agilizar esos procesos.
