Consuelo Cabral
El proyecto de ley por la prohibición del cambio de uso del suelo en zonas incendiadas presentado semanas atrás por Soledad Díaz García, legisladora por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, ya reunió más de 16 mil firmas, que fueron presentadas este jueves en la Legislatura de Córdoba.
Entre las personas firmantes hay vecinos y vecinas de Córdoba y el país, referentes ambientales de distintas asambleas y de diferentes universidades, además de 20 investigadores del Conicet.
"Es un proyecto que nos parece muy importante en el escenario que vive la provincia en que se ha terminado con más del 97 por ciento del bosque nativo. Solo en este año se habla de 191 mil hectáreas quemadas, contamos con dos fallecidos, y graves consecuencias en las poblaciones, sin que hasta el momento se haya efectivo un plan de manejo del suelo como corresponde destinando los recursos y el capital humano", señaló Díaz a La Nueva Mañana.
"Esto habla de un compromiso de los gobiernos provincial y nacional con los sectores que especulan detrás de los incendios intencionales, es decir con avanzar con la frontera agrícola-ganadera pero también la especulación inmobiliaria, el negocio de la obra pública y privada en nuestra provincia. De hecho ya se están vendiendo lotes en zonas arrasadas, como ser en Carlos Paz", agregó la legisladora.
Uno de los puntos que se cuestionó del proyecto de ley presentado por Díaz fue la existencia ya de dos leyes, una provincial y otra nacional, que prohíben el cambio de uso de suelo por tiempo indeterminado. Al respecto, la legisladora explicó que la norma que ella propone va más allá de las leyes vigentes que fijan zonas amarillas y rojas, ya que éstas no se cumplen: "El escenario que se vive en la provincia es el resultado de la violación sistemática a estas normas y del lobby de las empresas que establecen acuerdos con los gobiernos, ya sea por la vía de la excepción o de las quemas intencionales".
Asimismo, uno de los puntos claves que contiene el proyecto de Díaz tiene que ver con el reconocimiento de poder de veto, control y seguimiento del cumplimiento a las asambleas populares ambientales. "Es evidente que las audiencias públicas no vinculantes, y con carácter meramente consultivo, no garantizan la participación de la población que es la verdadera custodia del bosque nativo en la provincia. Es un aporte a la lucha para que el control del uso de suelo esté a cargo de las asambleas populares, ambientalistas y de los pueblos originarios", indicó al respecto la abogada.
La recolección de firmas sigue abierta a toda la ciudadanía. Si querés firmar podés ingresar en el siguiente link: https://forms.gle/zZNi9kGRWVej9PACA.
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