El fiscal Gerardo Pollicita pidió la inhibición general de bienes de ex autoridades del directorio del Banco Nación, entre las que se encuentra del ex presidente de la entidad durante la última etapa del Gobierno de Macri, Javier González Fraga.
La solicitud fue presentada en la causa que intenta determinar si las autoridades de la entidad financiera cometieron un delito al permitir que el Grupo Vicentin acumulara una deuda de $18.500 millones, violando normativas que rigen la actividad bancaria.
“Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A y Algodonera Avellaneda S.A, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”, remarcó el fiscal en su presentación.
Para Pollicita hubo una maniobra para perjudicar al Estado armada por ex funcionarios del Gobierno de Juntos por el Cambio y de la línea del BNA y empresarios.
El dictamen de Pollicita se produjo como respuesta a un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) que es querellante en el caso y había solicitado la inhibición general de bienes de varios de los nombrados en la causa, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri.
La solicitud de Pollicita abarca además a los ex directores Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Alberto Castellani, Guillermo Goldberg, el cordobés Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose y Ercilia Antonia Nofal. La medida también abarca a empresarios y titulares de las firmas Vicentin S.A. y Algodonera Avellanesa S.A.
“El MPF investiga posibles irregularidades en el otorgamiento de millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin y Algodonera Avellaneda”, señaló la Justicia a través de un comunicado.
