Redacción La NUEVA Mañana
En un nuevo capítulo de la causa iniciada por el brote de coronavirus ocurrido en el geriátrico Santa Lucía, de Saldán, este miércoles el fiscal Andrés Godoy indagó a Lucas Figueroa y Marcelo Lázaro, los dos médicos que fueron imputados.
Ambos profesionales negaron las acusaciones y se abstuvieron de declarar, ya que aún no tuvieron acceso al expediente. Figueroa está acusado por “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” en calidad de autor, y Lázaro por la comisión del delito de “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” en calidad de autor.
"En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una toalla comunitaria o en los ambos; solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos. No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente”; denunció Figueroa en una carta pública.
En los últimos días hubo numerosas movilizaciones en contra de las imputaciones a ambos médicos, así como también comunicados de distintos colegios profesionales denunciando la criminalización de los profesionales.
El presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, Andrés de León fue uno de los profesionales que rechazó las imputaciones: “Es una pésima noticia y totalmente incomprensible. Nos llena de estupor que la Justicia, que lleva dos meses parada, proceda así. El médico del lugar, Lucas Figueroa, con su buen accionar puso en alerta de que podía haber contagios; es más, él fue contagiado por alguien del geriátrico. Este médico actuó con responsabilidad al sospechar que había presencia de virus; de hecho no hubo casos afuera del geriátrico, solo su familia. Hoy está sin trabajo y encerrado en su casa. Yo me pregunto ¿por qué no imputaron al dueño del geriátrico y sí a los médicos?”.
Por otro lado, tomó estado público que el dueño del geriátrico, Rafael López Peña, es padre del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña, el abogado más joven en convertirse en vocal ya que al momento de ser ungido, en 2015, tenía solo 40 años.
A dicho vínculo apuntan quienes denuncian que López Peña padre fue desvinculado de las imputaciones de "forma exprés" mientras que los médicos continúan imputados, acusados de no haber aplicado los protocolos de seguridad.
A ello se suman las declaraciones televisivas del propietario de la residencia Santa Lucía, Rafael López Peña, quien días antes de conocerse las imputaciones señaló: “El fiscal va a desestimar la denuncia”, en alusión a la acusación presentada en su contra por el Ministerio de Salud a mediados de abril.
Hernán Gabriel Tagle, abogado de Lázaro, negó que su cliente no haya aplicado los protocolos que regían en aquel momento por parte del COE. “Eso ya fue objeto de una presentación ante la Fiscalía a donde se dan las explicaciones del caso. Se han cumplimentado todos los protocolos ante este tipo de situaciones”, indicó a Cadena 3.
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