La Legislatura aprobó la suspensión de remates en clubes hasta el 2021

En su tercera sesión virtual, la Legislatura de Córdoba aprobó un proyecto que suspende las ejecuciones judiciales que afecten a bienes inmuebles de los mencionados organismos hasta el 31 de marzo del año próximo.

La comisión de Deportes y Recreación había acordado un despacho donde se especifica que esta medida beneficiará a asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias.

Con la votación de este miércoles, la Unicameral modificó el artículo 1 de la Ley 10003, que dispuso la suspensión hasta el 31 diciembre de 2012 las ejecuciones judiciales de clubes y entidades deportivas. Esa disposición se fue prorrogando a lo largo de los años, hasta que la llegada de la pandemia terminó profundizar aún más la problemática.

En su defensa de la iniciativa, el legislador Miguel Ángel Majul aseguró que "las asociaciones civíles siguen siendo desdorabas por los reclamos de toda índole. Atento a ello, se hace necesario seguir prorrogando esta normativa, por lo menos por un año". 

En sus fundamentos, la norma entiende que estas instituciones de la sociedad civil fomentan el deporte, la recreación y la inserción social en un contexto de contención, convirtiéndose en una herramienta más en la lucha contra la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia y el sedentarismo.

Añade el texto que estos organismos se encuentran generalmente desbordados por reclamos judiciales de toda índole, sumados a los escasos recursos genuinos que apenas les alcanzan para afrontar los gastos de funcionamiento. Esa situación hace que los bienes inmuebles, de importante valor patrimonial, alienten la proliferación de juicios en su contra.

Además, el cuerpo legislativo aprobó este miércoles, el proyecto de Ley para la expropiación de los inmuebles necesarios para realizar la obra de la circunvalación de Villa María y Villa Nueva.

Los proyectos opositores

Debido a la gran cantidad de tiempos sin sesionar, los diferentes pedidos de tratamientos de proyectos presentados por la oposición se fueron acumulando y, en gran cantidad, se presentaron sobre tablas este miércoles. Todos fueron rechazados. 

La legisladora Luciana Echevarría solicitó declarar Recurso humano crítico al personal del Ministerio de Salud que presta un servicio esencial durante la pandemia, otrogando un plus salarial que le reconozca dicha tarea. “El pico de contagios en el Hospital Italiano demuestra que salud y negocios no son compatibles”, aseguró la referente del MST quien afirmó que la preocupante situación del personal sanitario viene profundizándose desde tiempos anteriores a la pandemia, dando cuenta de un modelo que “favorece al desarrollo del sistema privado”.

Echevarría recordó que en Córdoba, el 17% de los infectados pertenece al personal sanitario, un porcentaje muy superior al que se evidencia en países y regiones con una situación sanitaria similar a la de la provincia. Ese dato, para la legisladora, demuestra que “el problema no es el virus sino la actividad precaria en el que desarrolla sus actividades los profesionales en la salud” en la provincia, en donde se identifica “la constante del pluriempleo para poder alcanzar un salario digno”. “Por si faltara algo llegaron a imputar un médico por infectarse, utilizándolo como chivo expiatorio para dejar a un lado la responsabilidad de la patronal”, aseguró la legisladora, pero el proyecto propuesto no fue apoyado por la mayoría.

La propia Echeverría, también intentó aprobar un “repudio al accionar represivo de las fuerzas de seguridad contra los trabajadores que se movilizaron en las últimas semanas en defensa de sus fuentes de trabajo”. El oficialismo tampoco habilitó su tratamiento.  

En otro de los proyectos presentados sobre tablas la legisladora Soledad Díaz García, que volvió a definir a la reforma previsional como un “robo histórico”, propuso implementar un   “Impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y a las grandes rentas” a aplicar mientras dure la pandemia. “La población trabajadora está costeando de su propio bolsillo el costo de salir a trabajar durante esta cuarentena”, afirmó la legisladora del Frente de Izquierda, que definió el accionar del gobierno provincial como “repudiable”. “Hace dos años el Gobierno decía que la Provincia estaba sólida, ahora dicen que los números están en rojo y plantean que, a esa deuda que definen como ‘impagable’, la tienen pagar los trabajadores”.

Sin Calvo momentáneamente en el recinto, el bloque Juntos por el Cambio presentó el pedido para que los bloques opositores estén representados en el COE provincial, algo que se viene requiriendo desde hace tiempo atrás. Si bien se había habilitado a las minorías a participar de ese espacio, la legisladora Patricia De Ferrari aseguró que esa normativa no se cumplió y “todo quedó en el círculo del Gobierno, con los intendentes, con los hospitales y con las instituciones policiales”. De esa manera, acusó al COE de generar “algunos problemas”, que ejemplificó en el brote que se produjo luego del traslado de pacientes con Covid-19 positivo al Hospital Italiano. En su exposición, también advirtió sobre el accionar policial respecto a las protestas y la puesta en marcha de la repatriación de cordobeses al territorio provincial. De la misma manera, también cuestionó compra de barbijos a China y la cantidad de testeos que se realizan. “Si la oposición fuese parte de la discusión estos errores podrían evitarse”, aseguró De Ferrari. “Esto, lo único que demuestra es lo poco democráticos y lo poco respetuoso de la voluntad popular que son”, afirmó cuando Oscar González le advertía sobre el tiempo de su exposición.

En un tratamiento conjunto, las legisladoras Cecilia Irazusta (Coalición Cívica-ARI) y María Rosa Marcone (Encuentro Vecinal Córdoba) pidieron reformar el reglamente interno para poder regular definitivamente el funcionamiento de sesiones ordinarias de modo 100% virtual o bien, de modo mixto. “Queremos una legislatura en que los temas se debatan”, dijo Marcone en su pedido de reconsideración en el que pidió que las “sesiones telemáticas tengan el carácter de ordinarias” y dejen de ser consideradas sesiones especiales.

La UCR pidió la confección de un registro de alumnos que, por razones de conectividad o acceso a los dispositivos, no se encuentran recibiendo clases virtuales ni clases de consultas. “Esto va más allá de un simple registro”, dijo Marcelo Cossar al respecto. “Los hogares que no tienen conexión están privados de acceder a la educación pública”, aseguró el legislador al pedir la reconsideración en la que también agregó que se hace necesaria la compra de paquete de datos y dispositivos móviles para entregar en esos hogares en los que viven “las niñas y los niños más vulnerables”.  

Desde la banca Dante Rossi, el radicalismo también pidió que el cuerpo legislativo exija la renuncia de Franco Moggeta como Secretario de Transporte por no incidir en el conflicto que mantiene paralizado al transporte público urbano e interurbano de Córdoba. “Nos sorprende por qué el Gobierno de la Provincia mira para otro lado”, aseguró Rossi al solicitar la reconsideración que también fue rechazada este miércoles. “No pedimos la renuncia de Moggeta porque sí, queremos que a partir de esto la Provincia actúe en consecuencia y solucione el problema”, aseguró el radical.