Días atrás, el Gobierno provincial dispuso un nuevo tope jubilatorio que fijó en los $110.789 en los haberes correspondientes a abril de 2020. A partir de allí, estableció una reducción por cuatro meses de hasta un 10% en las jubilaciones provinciales superiores a ese monto, en coincidencia con la decisión de los tres poderes del Estado cordobés de reducir sus salarios en el marco de la emergencia sanitaria.
La medida excluye a jubilados del Poder Judicial y alcanza a 9.050 jubilados públicos provinciales, lo que significará un ahorro de $95 millones por mes. El cronograma informado comenzará a regir el próximo lunes 4 de mayo y, como era de preverse, recibió el rechazo de los principales sectores gremiales de la provincia.
Para la Uepc, el cronograma de pagos “resulta injustificable”. Sobre todo, señalan, “luego de recibir de parte del Gobierno Nacional las remesas de fondos para la Caja de Jubilaciones Provincial, saldando las deudas de los años 2018 y 2019, y remitiendo mensualmente los compromisos del año 2020”.
Según un comunicado presentado en la jornada del jueves, para el gremio de los docentes provinciales “no hay motivo que justifique imponerles a los jubilados Provinciales una reprogramación de este tipo”. “Ya bastante destrato vienen teniendo con la sanción de las Leyes 10.078 y 10.333. Las y los jubilados provinciales deben ser prioridad de cualquier gestión y, particularmente en el actual contexto, son personas en situación de riesgo sanitario, por lo que no pueden escatimarse recursos para asegurar su calidad de vida”, aseguran desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba.
También el Sindicato de Luz y Fuerza señaló su rechazo al señalar que “hoy se utiliza como pretexto del recorte la situación económica derivada del Aislamiento Social, y sucede lo de siempre, el gobierno provincial apela al ajuste”.
“Es más que evidente que la Provincia tiene serios inconvenientes económicos-financieros que no los oculta cuando habla abiertamente de la posibilidad de emisión de bonos para paliar el quebranto financiero del que no tienen responsabilidad los jubilados ni los pensionados, ni todos los aportantes a la Caja de Jubilaciones, sino es producto del desacople económico, ni más ni menos que la quiebra económica de la Provincia”, señalaron en un duro comunicado presentado este jueves.
