La próxima semana convocarán a los jefes de bloque de ambas Cámaras para tratar las modificaciones de los reglamentos que permitan sesionar a distancia vía web. El impuesto a la riqueza, en la agenda.
Ed Impresa 24/04/2020 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
Con el Congreso cerrado por las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para frenar el avance de los contagios por coronavirus, las actividades de Comisión que hasta ahora realizaron se llevaron a cabo por teleconferencia.
Sin embargo, la discusión sobre utilizar el mismo mecanismo para desarrollar las sesiones enfrentó al oficialismo con la oposición. Mientras que desde el oficialista Frente de Todos señalaron que “no resulta posible” sesionar “de manera presencial” por los riesgos que implica en medio de la pandemia, la decisión de que el Congreso no sesione personalmente fue criticada por sectores de la oposición, tanto del colectivo Juntos por el Cambio, que nuclea al PRO, al radicalismo y la Coalición Cívica como de los partidos que integran el Frente de Izquierda y los Trabajadores.
Uno de los principales argumentos que describieron en un escrito que presentó esta semana el oficialismo ante la Corte Suprema, para avalar el pedido de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para se despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez de sesionar mediante medios virtuales o remotos es que “una hipotética sesión presencial implicaría el traslado de los legisladores a Buenos Aires, quebrantando las premisas básicas del distanciamiento social obligatorio”.
En este marco, advirtieron: “Muchos senadores pertenecen a grupos de riesgo, por lo que, en el hipotético caso de que se realizara una sesión presencial, advierten podría estar plagada de ausencias, lo que alteraría las representaciones políticas”.
Además, desde el entorno del jefe de la bancada de la Cámara alta del Frente de Todos, José Mayans, explicaron a La Nueva Mañana que hay senadores que representan a provincias donde no se han registrado de momento casos de contagios y en caso de que participaran en una sesión en la ciudad de Buenos Aires, al retornar a su provincia, se transformaría en “un riesgo para la salud pública local”.
No obstante, en el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, si bien están de acuerdo con que el Congreso vuelva a sesionar, expresaron que prefieren que los debates sean presenciales. “Podría ser en el Centro Cultural Kirchner, en el Teatro Colón, o los senadores en el recinto de diputados en cualquier ámbito lo suficientemente amplio para garantizar la distancia entre los legisladores”, insistían.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocará en las próximas horas a la comisión de Labor Parlamentaria, que reúne a los presidentes de todos los bloques, para discutir el borrador del anteproyecto de resolución que les envió esta semana que modifica el reglamento del Cuerpo, dispone la forma “remota” para sesionar dando “todas las garantías de seguridad y tecnológicas”.
“La sala de sesiones o recinto remoto se integrará mediante plataforma telemática que asegure la asistencia e identidad de las diputadas y los diputados, la difusión pública de los debates y las votaciones” señala el anteproyecto .
La resolución que consta de cuatro artículos fue acompañada de un memorándum explicativo y un video de funcionamiento de la App que se aplicará en una computadora encriptada de cada diputado, para garantizar la seguridad de todas las sesiones.
En tanto, más allá de lo que resuelva el máximo Tribunal de Justicia de la Nación sobre la “acción declarativa de certeza” para validar las sesiones en forma remota que pidió Cristina Fernández de Kirchner se pondrá en marcha un acuerdo con los bloques políticos para modificar el reglamento del Senado.
La convocatoria a los jefes de bancada de la Cámara alta para discutir los cambios reglamentarios estará en manos del presidente del bloque oficialista, José Mayans (Formosa), que es quien viene manteniendo contacto con la oposición, aseguraron a La Nueva Mañana.
El oficialismo buscará sesionar para avanzar en un conjunto de proyectos impositivos para beneficiar a las pymes, la derogación del ajuste por inflación de los balances de las grandes empresas, ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, y el tributo extraordinario a las grandes fortunas que por su carácter el Poder Ejecutivo no puede sancionar por decreto y necesita de la aprobación del Congreso.
El proyecto de mayor controversia y que rechazó de antemano Juntos por el Cambio es el que grava a la riqueza.
En este sentido, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, consultado por La Nueva Mañana sobre los alcances del tributo dijo que “alcanzará a los patrimonios de personas humanas que están por encima de los 3 millones de dólares. Ello comprendería a alrededor de 12 mil personas que tienen ese volumen de riqueza personal, sin contar sus patrimonios empresariales. Es decir, se trata de una minoría del total de contribuyentes del impuesto a los Bienes Personales”.
Sobre el porcentaje que deberán tributar, el diputado nacional señaló: “La tasa sobre el valor de los bienes declarados sería de entre el 2 y el 3,5 por ciento. De esta manera se estarían recaudando un poco más de 3 mil millones de dólares de los más ricos de Argentina”, agregó el diputado.
Al referirse a la asignación de los recursos explicó: “Como venimos diciendo, se trata de un tributo extraordinario, por única vez y con asignación precisa y determinada, es decir, destinado a adquirir productos vinculados a la crisis sanitaria, a fortalecer la cobertura alimentaria a personas con bajos ingresos y a asistir a las pymes más castigadas por la crisis con el objetivo de ayudar a sostener el empleo”.
“El tributo sólo responde a la necesidad imperiosa de conseguir recursos sin que éste le cambie a nadie sus condiciones de vida ni de acumulación de riqueza. No hay aquí nombres propios. Sólo se buscan ingresos adicionales para resolver una situación de demanda infinita sobre el Estado”, concluyó Heller.
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