Tras la unificación de tres amparos colectivos contra la instalación del megabasural de Cormecor S.A. en cercanías de Villa Parque Santa Ana, Bouwer y Los Cedros, los vecinos cuestionaron el informe elevado por técnicos universitarios la Cámara I en lo Contencioso Administrativo.
Los demandantes requirieron a la justicia la realización de una serie de pericias que implicaban el trabajo de especialistas en diferentes disciplinas (hidrología, geología, biología, trabajo social, antropología, sociología, psicología, medicina, etc.); ya que los puntos objetados al Estudio de Impacto Ambiental atañen a aspectos diversos que involucra la complejidad socio-ambiental. Los demandantes propusieron sus propios peritos de control que habían sido aceptados y estaban a la espera del sorteo de los peritos oficiales.
Sin embargo, tras la unificación de las causas, el nuevo tribunal solicitó a la UNC que opinara sobre este requerimiento.
La semana pasada fue enviada su respuesta a la Justicia. El informe plantea que ninguna de las objeciones planteadas por los vecinos demandantes eran “de recibo”. Los vecinos recordaron que los puntos reclamados habían sido avalados e incluso ampliados por las Defensorías del Pueblo de la Provincia y la Nación a partir de detallados informes técnicos.
Según detallaron, el informe que los vecinos rechazan fue presentado a la justicia está firmado por los ingenieros Héctor R. Camaño (Departamento de Ingeniería Química de la UTN) y Daniel Yorio (Departamento de Química Industrial de la FCEFN-UNC).
“Sólo ingenieros y no otros profesionales de formaciones específicas en áreas sociales, biológicas, médicas, meteorológicas, geológicas, físicas, etc firman el informe. No ofrecen pruebas científicas que sustenten sus opiniones. Por ejemplo, en relación a las distancias que separan al predio del borde urbano –que son menores a las recomendadas por el ISEA y normativa internacional-, no realizaron una agrimensura sino que evaden el tema aduciendo que la ubicación del predio está dentro de las zonas “aptas” señaladas por el estudio del ISEA-UNC. La realidad es que la zona de impacto directo del proyecto invade el ejido de Villa Parque Santa Ana”, insistieron los vecinos en un comunicado que fue difundido este fin de semana.
Pero además, cuestionaron a los firmantes del informe y a los propios vocales de la Cámara Contencioso Administrativo, advirtiendo en un comunicado que “el pueblo de Villa Parque Santa Ana continúa de pie y no permitirá que se avasallen sus derechos ni se enajene su futuro”.
