El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que defina su pedido de revisión del fallo del caso Ciccone Calcográfica por el cual fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión.
Lo hizo luego de la declaración de Alejandro Vandenbroele quien dijo que recibió asistencia financiera para un proyecto hotelero en Mendoza luego de prestar declaración como arrepentido en la causa contra el exvicepresidente y por la cual hoy está detenido. Con su pedido, Boudou busca anular el juicio por el cual fue condenado el año pasado a prisión y por la cual hoy está detenido en Ezeiza cumpliendo la sentencia.
Por medio de sus abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, defensores de Boudou, hicieron una presentación en donde reclaman a los jueces de la Corte Suprema un "pronto despacho" sobre el recurso extraordinario que llegó a ese tribunal, a partir de "nuevos hechos".
"Más allá de reclamar el expediente ofrecido, si así se considera necesario, se haga pronto lugar a la queja de esta defensa, en orden al tiempo transcurrido, y en consonancia con el amicus curiae del Profesor Emérito Julio B. J. Maier se declare procedente el recurso extraordinario oportunamente articulado, y se revoque lo decidido, para que se ordene un nuevo juicio, ante otro tribunal, que deberá sustanciar la prueba entonces omitida, y que nuestro asistido deberá afrontar ya en libertad", señaló la presentación.
En ese sentido, los representantes de Boudou apuntaron a los "cuestionamientos al debido proceso" y remarcaron: "En el marco del juicio en el que nuestro asistido resultó en primera instancia condenado, esta defensa reclamó con insistencia la incorporación de todas las actuaciones que obrasen `en el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y en su caso en otras agencias del Poder Ejecutivo que pudieran haber intervenido` vinculadas a la situación de uno de los imputados, `arrepentido`".
"Días atrás, se hizo pública una parte de aquellas actuaciones administrativas reclamadas y negadas a esta defensa, en las que se documentó el pago millonario que una agencia de gobierno hizo a aquel ‘arrepentido’, en relación con la condena en éste", agregaron los abogados.
Los abogados indicaron que "cada vez queda más expuesto que resultaba necesario que el juicio contase con los antecedentes reclamados con insistencia por esta defensa –y negados arbitrariamente una y otra vez– para analizar la concatenación causal de los actos y `para que tenga un mayor conocimiento de lo sucedido y que estén más cerca de la verdad de lo que pudo haber pasado`, frente a la afectación al derecho de defensa y la necesidad de `garantizarlo del modo más extenso posible, sin causar desmedro al desarrollo del debate`".
Fuente: Noticias Argentinas
